Zapatero busca consenso en el Congreso para su Ley de Economía Sostenible

• Posteriormente responderá a PP y ERC-IU-ICV en la sesión de control
• Preguntarán sobre la marcha de la economía y el editorial del Estatut
• La nueva ley pretende crear un marco normativo "estable y predecible"
• Consulta en pdf. el contenido de la Ley de Economía Sostenible

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, informa a petición propia al Congreso de los Diputados del contenido de la Ley de Economía Sostenible, con la que el Gobierno pretende cambiar el modelo de crecimiento, y para la que espera contar con el mayor consenso posible.

Posteriormente responderá en la sesión de control al líder de la oposición, Mariano Rajoy, sobre la marcha de la economía, y al diputado de ERC-IU-ICV Joan Herrera acerca del editorial conjunto de la prensa catalana en apoyo del Estatut.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la citada ley, cuyo texto todavía no se va a remitir al Congreso, porque el Ejecutivo quiere debatirlo con los agentes sociales, los partidos y las comunidades autónomas.

Reformas previstas

La ley entrará en vigor en el verano de 2010, aunque la norma estará acompañada por el Fondo de Economía Sostenible, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que asciende a 20.000 millones de euros y que estará activo en enero.

Además, incluye reformas en los organismos reguladores, los mercados financieros, la contratación pública y privada, la desgravación por vivienda y la creación de empresas, y pretende que la actividad se oriente hacia sectores con potencial de crecimiento a largo plazo.

Uno de los principales objetivos de la ley es establecer principios de buena regulación económica para crear un marco normativo "estable y predecible" con bajo nivel de cargas administrativas.

Para facilitar la creación de empresas y su actividad se reducen significativamente los plazos y los costes para favorecer la competencia.

El Gobierno limitará también la composición de los organismos reguladores, Comisión Nacional de la Energía (CNE), Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y Comisión Nacional de la Competencia (CNC), a un presidente y cuatro consejeros.

Para garantizar la sostenibilidad de las administraciones, las entidades locales estarán obligadas a informar cada tres meses de su situación presupuestaria y de los pagos pendientes.

Las modificaciones de los contratos del sector público estarán limitadas al 20% del importe adjudicado y sólo podrán llevarse a cabo cuando se haya previsto previamente en los pliegos o en el anuncio del concurso, o cuando concurran causas de fuerza mayor.

También contiene nuevas medidas para reducir la morosidad en pymes y autónomos como la reforma de la Ley de Contratos del sector público que obligará a las administraciones a abonar el pago a las empresas en los treinta días siguientes a la expedición de las certificaciones de obras, a partir de 2013.

En vivienda, se limita, a partir de enero de 2011, la deducción por compra a las rentas inferiores a 24.107,20 euros, se equipara fiscalmente el tratamiento del alquiler al de adquisición y se crea una deducción para las obras del 10% para un máximo de 3.000 euros al año.

Todas estas medidas irán acompañadas de una reducción de un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020.

Además, la ley recoge la posibilidad de interrumpir la conexión a Internet, previa autorización judicial, a las personas que descarguen archivos protegidos por derechos de autor.

El Estatut en la sesión de control

En esta ocasión, Rodríguez Zapatero sólo contestará a dos preguntas de la oposición en la sesión de control, en lugar de las tres habituales, debido al reparto del cupo que corresponde a cada grupo parlamentario.

El diputado de Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV), Joan Herrera, preguntará al presidente qué opinión le merece ese editorial. El presidente se pronunció sobre el texto el mismo día de su publicación al ser preguntado en los pasillos del Congreso, y se limitó a expresar su respeto por el derecho de los medios de comunicación a la libertad de expresión.

La posición del Gobierno ha sido expresada por varios ministros y por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, que el pasado viernes reiteró ese respeto hacia las distintas posiciones y reacciones, pero pidió también "calma y sosiego" a la espera de lo que decida el Tribunal Constitucional.

Herrera reclamará al presidente del Gobierno que explique de qué forma piensa contribuir al desbloqueo del Constitucional, "el peor" en la historia este tribunal, "con cuatro jueces pendientes de renovación desde hace años por motivos políticos, con una vacante por fallecimiento de uno de los magistrados pendiente de cubrir y con otro miembro recusado".