Caamaño cree que la retirada de los crucifijos debe hacerse con el "máximo consenso posible"

• Además, dice que el ideario de los colegios se tendrá en cuenta
• No aclara si se contemplará en la Ley de Libertad Religiosa

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha asegurado que para retirar crucifijos de los colegios españoles sería necesario el "máximo consenso posible", ya que ésta sería "la mejor solución" para todos los ciudadanos.

Caamaño, que fue preguntado sobre este asunto al término de la Comisión de Justicia del Congreso, ha asegurado que debe buscarse "una solución buena para todos" y que sea acordada por todos los grupos parlamentarios.

"El ideario de los colegios se tendrá en cuenta"

En cuanto a si la retirada de crucifijos afectaría sólo a colegios públicos o también a los privados, ha indicado que esto "es adelantarnos muchísimo", pero apuntó que el "ideario de los colegios tiene que proyectarse de alguna manera sobre la reflexión que abre el legislador" respecto a la presencia de símbolos religiosos en las aulas.

Ha asegurado que "siempre es importante el ideario para tomar medidas de diferenciación" en cuanto a la presencia de símbolos religiosos, en referencia a que estaría justificado que los colegios con una creencia religiosa mantuviesen los crucifijos.

No aclara si se contemplará en la Ley de Libertad Religiosa

En este sentido, el ministro no aclaró si la retirada de los crucifijos de los colegios va a ser contemplada en la futura Ley de Libertad Religiosa, aunque calificó de "importante" la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que da la razón a una ciudadana italiana que pidió la retirada de las cruces del colegio de Abano Terme (Padua) en el que estudiaba su hijo.

A este respecto, el ministro señaló que esta sentencia interpreta el Convenio sobre Derechos Humanos de Roma. Añadió que el Gobierno español intentará, bajo su semestre de Presidencia de la Unión Europea, que el conjunto de los países comunitarios se adhieran a este acuerdo y, por tanto, a la jurisdicción del Tribunal de Estraburgo.

Respecto a cómo puede aplicarse en España esta sentencia europea, Caamaño afirmó que desde el Ejecutivo "estudiaremos esta sentencia, veremos que precedentes tiene en la doctrina del propio tribunal, la valoraremos con la jurisprudencia de nuestros propios tribunales, y, en su caso, si la tenemos que incorporar al proyecto de ley, buscaremos siempre el máximo consenso posible".