Las personas con una discapacidad del 45% o más podrán jubilarse a los 58 años

• El 28% de los discapacitados ocupan un puesto de trabajo
• El Gobierno ha modificado el sistema de reconocimiento de la minusvalía
• El Fondo de Economía Sostenible contará con 20.000 millones

Los discapacitados se podrán jubilar a los 58

Las personas que tengan reconocida una minusvalía del 45% o superior podrán jubilarse a los 58 años según un Real Decreto que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros.

La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, ha afirmado que así se reconoce "una realidad diferenciada de la del resto de los trabajadores" que merece un tratamiento normativo distinto.

Esta medida, avanzada por el jefe del Ejecutivo, afectaría a más de 30.000 trabajadores con discapacidad de los cuatro millones de personas discapacitadas que hay en España, según una encuesta del Ministerio de Asuntos Sociales.

Día de las personas discapacitadas

De la Vega ha señalado que se aplicará el convenio de Naciones Unidas sobre discapacidad y que esta materia tendrá "un tratamiento prioritario" durante la presidencia española de la Unión Europea.

El Gobierno también ha cambiado la regulación del Consejo Nacional de la Discapacidad, órgano consultivo que permite a organizaciones representativas de personas con discapacidad y de sus familias participar en la planificación, seguimiento y evaluación de las políticas que se desarrollan en este ámbito.

Además ha dado luz verde a la modificación del procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, término que, a partir de ahora será sustituido por "discapacidad", así como a otro decreto que modifica la composición de la Comisión de Protección Patrimonial de este colectivo.

20.000 millones para cambiar el modelo económico

El Ejecutivo ha aprobado el Fondo para la Economía Sostenible, dotado con 20.000 millones de euros en 2010 y 2011, para el que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) aportará 10.000 millones de euros con el objetivo de que el próximo 1 de enero entre en vigor.

De la Vega ha asegurado que el objetivo es "orientar la inversión privada a actividades sostenibles que generen empleo". El fondo estará gestionado por el ICO y las entidades de crédito podrán financiar hasta el 50% de los proyectos de sostenibilidad.

El Consejo de Ministros también ha acordado el reparto de 35,57 millones de euros entre las Comunidades Autónomas para programas ganaderos,  agrícolas y de desarrollo rural, y ha destinado 15 millones para el desarrollo del primer plan integral de empleo en Castilla-La Mancha.