Peces Barba propone la creación de "un grupo de jueces" dedicado a cerrar webs "rápido"

• Afirma que el cierre solo puede llevarse a cabo "mediante una actuación judicial"
• Sin embargo, afirma que tienen que tener más "celeridad" que el resto de procesos

El ex presidente del Congreso de los Diputados Gregorio Peces Barba ha defendido que cualquier intervención relativa a la libertad de expresión "sólo" pude llevarse a cabo "mediante una actuación judicial". Por ello, propone la formación de "un grupo de jueces" que se dedicara "exclusivamente" al cierre de las páginas web que realicen actividades ilegales.

En una entrevista a Onda Cero recogida por Europa Press, el que fue uno de los 'padres' de la Constitución recordó que "las expresiones en la web son ejercicios de libertad de expresión" por lo que, a su juicio, las decisiones en lo que a esta materia se refiere corresponden a los jueces. "Lo decisivo para cerrar una página web tiene que ser un juez", argumentó.

“Sólo mediante una actuación judicial se puede intervenir en relación con la libertad de expresión“

"Dejamos muy claro en la Constitución que sólo mediante una actuación judicial se puede intervenir en relación con la libertad de expresión", alegó.

Más "rápido"

Sin embargo, mostró su oposición a que estos procesos se pusieran "al mismo nivel" que otros "de larga duración". Para garantizar la celeridad de los mismos, Peces Barba propone que "un juez o grupo de jueces" procedieran a una "intervención rápida" en los casos necesarios.

No obstante, añadió que ello no impide la creación de "una comisión que tuviera unas facultades no decisivas en esa materia".

La polémica "disposición"

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está buscando una fórmula con la que corregir la controvertida disposición adicional del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que pretendía cerrar sin órden judicial páginas que presuntamente violaran los derechos de autor.

El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible contempla la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano administrativo dependiente del Ministerio de Cultura, con potestad para cerrar páginas web .

Tras la polémica surgida en la Red, el Ejecutivo estudia cuándo intervendrá el juez a la hora de cerrar una página, antes o después de que la Comisión de Propiedad Intelectual tome una decisión.