Santiago Mainar regresa a la cárcel tras ser atendido en el hospital por una bajada de glucosa
- Está condenado a más de 20 años por el crimen del alcalde de Fago
- La semana pasada fue ingresado tras creerse que había ingerido pastillas
El guardia forestal Santiago Mainar, condenado a 20 años y nueve meses de prisión por el asesinato en 2007 del alcalde de Fago, ha tenido que ser atendido por segunda vez en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza.
Mainar fue trasladado por una bajada de glucosa al centro sanitario el martes por la noche pero recibió el alta de madrugada y ya se encuentra en la prisión de Zuera, según fuentes de Instituciones Penitenciarias.
El condenado por la muerte de Miguel Grima fue ingresado la semana pasada en el mismo hospital después de que su compañero de celda alertara de que podría haber ingerido pastillas. Mainar está sujeto al protocolo para evitar su suicidio en prisión.
Entonces, estuvo siete días en el hospital hasta que recibió el alta el pasado lunes. Los médicos del centro penitenciario, tras realizarle algunas pruebas, no pudieron verificar la ingesta de medicamentos.
Según fuentes citadas por Europa Press, Mainar se encontraba antes de este segundo ingreso en la Enfermería del centro penitenciario, donde el médico ordenó reforzar al máximo la vigilancia sobre el preso, de tal manera que decidió que se le realizara una visita médica diaria y que un funcionario del Cuerpo de Prisiones le viera cada hora, tanto de día como de noche.
Este es el tipo de asistencia que se presta a presos en situación especial, como los que realizan huelga de hambre y otros.
Condenado por el crimen de Fago
Santiago Mainar debe cumplir una pena de 20 años de prisión por el asesinato de Grima y otros nueve meses de privación de libertad por tenencia ilícita de armas, además de indemnizar a las hermanas y la viuda del alcalde de Fago y no poder acercarse a ellas ni visitar el casco urbano de Fago en una década a partir de su salida de prisión, cuando cumpla condena.
Su abogado, Marcos García Montes, va a recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca ante el Tribunal Supremo al entender que la investigación realizada por la Guardia Civil no respetó por completo la legalidad.