Todas las partes, excepto el fiscal, recurren la sentencia por el homicidio de Nagore

• Las seis acusaciones pedían que se le condenara por asesinato
• Yllanes fue condenado a 12 años y medio de prisión

Todas las partes personadas en el juicio por la muerte de la joven irunesa Nagore Laffage en 2008, excepto la fiscalía, han presentado un recurso contra la sentencia que condenó a José Diego Yllanes a 12 años y medio de prisión por homicidio.

Así, la sentencia ha sido recurrida, antes de que este jueves finalizara el plazo para ello, tanto por la defensa como por la acusación particular, ejercida por la familia Laffage, y por las 4 acusaciones populares que encabezaron los ayuntamientos de Pamplona e Irún, el Instituto Navarro para la Igualdad y las Juntas Generales de Guipúzcoa.

Le declararon culpable de homicidio, no de asesinato

El juicio se desarrolló en la primera quincena de noviembre en Pamplona bajo la figura del jurado popular, cuyos 9 miembros determinaron probada la culpabilidad de Yllanes en hechos que constituían un delito de homicidio y no de asesinato, como pedían las seis acusaciones.

En base a este veredicto, una semana después el magistrado presidente de la sala que se hizo cargo del juicio dictó una sentencia que condenó a Yllanes a doce años y medio de prisión por el homicidio de la joven irunesa Nagore Laffage el 7 de julio de 2008 con la agravante de "abuso de superioridad".

La reparación del daño y la embriaguez sirvieron de atenuantes

En la sentencia se contemplaban las circunstancias atenuantes de reparación del daño -después de que Yllanes entregara 126.853 euros a la familia de Laffage- y embriaguez leve, aunque se desestimaron las de arrebato y confesión del delito, que también habían sido tenidas en cuenta por el jurado.

La condena a 12 años y medio de cárcel, tras desestimar el jurado el delito de asesinato inicialmente apreciado por las acusaciones, es la misma que solicitaba el fiscal y algo menor a la que pedían la acusación particular y las populares (ejercidas por los Ayuntamientos de Pamplona e Irún, el Gobierno de Navarra y las Juntas Generales de Guipúzcoa), que solicitaban 15 años de cárcel.