La Audiencia sostiene que un empresario de Pretoria guarda en Andorra 300.000 euros sin declarar

• Rechaza el recurso contra la fianza de 500.000€ impuesta por Garzón
• L.C. presuntamente pagaba comisiones a Alavedra y Prenafeta

La Audiencia Nacional sostiene que el empresario imputado en la "operación Pretoria" L.C. podría tener unos 300.000 euros en Andorra que no habría declarado a Hacienda y cuya procedencia sería de "las ilícitas actividades empresariales a las que al parecer se dedica".

Así se revela en el auto en el que la sección cuarta de la Sala de lo Penal rechaza el recurso del empresario contra la fianza de 500.000 euros impuesta por el juez Baltasar Garzón, que le imputó los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y otro de fraude fiscal el pasado 30 de octubre.

L.C. "dispone de una importante cantidad cercana a los 300.000 euros fuera de España, concretamente en Andorra, que no ha sido declarada a Hacienda y que pudiera proceder de las ilícitas actividades empresariales a las que al parecer se dedica, a pesar de que el recurrente negó que tuviera dinero fuera de nuestro país".

Sobre la fianza impuesta, la Sala indica que la "nada desdeñable expectativa de sustracción a la acción de la justicia" de L.C. supera el "indudable arraigo laboral" que ha alegado su defensa, y añade que la decisión de Garzón es "adecuada, cabal y ponderada".

Todo ello, destaca la Sala, "habida cuenta de sus actividades económicas y su relación con personas que pudieran coadyuvar a su fuga, sin que pueda obviarse que se le imputa la posible perpetración de los cuatro delitos mencionados, castigados individualmente con penas privativas de libertad de hasta seis años".

Presunto pago de comisiones a Alavedra y Prenafeta

Según el auto, ni la carencia de antecedentes penales de L.C. -dueño de las inmobiliarias Espais Promocions Inmobiliarias Epi S.A. y Promotora Catalunya Mediterránea Procam S.L.-, ni su "carácter de activo empresario", ni tener un domicilio conocido, son motivos para modificar la fianza.

El pasado lunes, Garzón decretó libertad bajo fianza de un millón de euros para los ex altos cargos de los gobiernos de CIU en la Generalitat Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, quienes según el magistrado usaban sus contactos con organismos oficiales para facilitar los proyectos empresariales de L.C., que les pagaba comisiones a través de Espais, que luego blanqueaban.

El tribunal recuerda que los delitos imputados por Garzón se enmarcan en el desarrollo que L.C. realizaba a través de sus empresas "tendentes a lograr modificaciones de los planes de ordenación urbana" para lo que aprovechaba "los cargos institucionales y los contactos políticos y empresariales" de los miembros de la supuesta trama.

En concreto, la Sala recuerda que las inmobiliarias propiedad de L.C. fueron las compradoras de un solar recalificado situado en las inmediaciones del puerto deportivo de Badalona, una de las localidades barcelonesas en las que, junto con Santa Coloma de Gramenet y Sant Andreu de Llavaneres, operaba la trama.

Para esa adquisición, agrega el auto, "supuestamente mediaron abonos irregulares a otros miembros de la trama, que recibieron también comisiones en otros proyectos posteriores" de L.C.

Esta resolución es la primera que adopta la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre la investigación de la "operación Pretoria", que debe pronunciarse también sobre los recursos del supuesto cabecilla de la trama, el ex diputado del PSC Luis García, y del ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz, los únicos dos imputados que permanecen en prisión incondicional.