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El juez comprueba si López Garrido se dio de baja en la Fundación Alternativas

  • Quiere saber si aún era patrón cuando le dio ayudas como secretario de Estado
  • El ex diputado ya aportó un acta de la Fundación en el que se aceptaba su baja

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El juez que investiga al secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, imputado por delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, ha pedido al Ministerio de Cultura los documentos que certifiquen que el ex diputado dijo la verdad sobre su baja en la Fundación Alternativas.

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, quiere comprobar si López Garrido dejó de ser patrón de esta organización antes de concederle dos ayudas por 78.000 euros desde su Secretaría.

Para ello ha pedido al Ministerio que averigüe, a través del Registro de Fundaciones, en qué fecha exacta se inscribió su baja en la fundación. Una vez que reciba la respuesta decidirá si archiva la causa o lleva a juicio a López Garrido.

La práctica de esta nueva prueba ha sido solicitada por el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro, autor de la querella contra el secretario de Estado para la Unión Europea.

Los querellantes, atendiendo al Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura, sostienen que López Garrido, a pesar de ser nombrado secretario de Estado el 15 de abril de 2008, continúo como patrono de la Fundación Alternativas hasta mayo de 2009, después de la concesión de las dos ayudas.

La primera, de 60.000 euros, fue otorgada el 22 de julio de 2008, mientras que la segunda, de 18.000 euros, fue concedida el pasado 14 de mayo.

López Garrido ya aportó documentación

Durante su declaración ante el magistrado, que tuvo lugar el pasado 4 de diciembre, López Garrido insistió en que comunicó a la Fundación Alternativas su solicitud de baja como patrono en una carta que asegura haber enviado el 21 de abril de 2008.

Además, aportó un acta de la Fundación, fechada en junio de 2008, en la que supuestamente se acepta la baja que había solicitado.

El abogado del Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro, Javier Pérez Roldán, cuestionó la autenticidad de la misiva ya que la misma no presenta sello de entrada o de salida, algo que "es extraño en una carta oficial".

"Es un documento privado que se podría haber redactado cualquier día, sospechamos que la carta ha sido redactada como posterioridad, al igual que el acta", dijo entonces el letrado.

El Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro había solicitado la práctica de otras dos pruebas que el magistrado de Madrid ha rechazado.