Entra en vigor la nueva Ley de Extranjería, que amplía a 60 días el internamiento

• También limita el derecho de reagrupación familiar
• La reforma incorpora sentencias del TC y directivas comunitarias

Este domingo entra en vigor la reforma de la Ley de Extranjería, que limita a los inmigrantes el derecho de reagrupación familiar y amplía de 40 a 60 días el internamiento de los inmigrantes irregulares en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

El Gobierno acometió obligatoriamente la reforma de esta ley para incorporar varias sentencias del Tribunal Constitucional y directivas comunitarias. Se trata de la cuarta reforma de la legislación de Extranjería en España en menos de una década.

La ley, publicada este sábado el Boletín Oficial del Estado, fue aprobada en el Congreso el pasado 26 de noviembre con los votos favorables del PSOE, CiU y CC; el rechazo del PP, PNV (que al principio mostró su apoyo), ERC, IU-ICV y UPyD, y la abstención del BNG.

Al final del último debate parlamentario y antes de la aprobación definitiva de la ley, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, indicó que la norma aboga por la inmigración regular, dentro de una política europea de inmigración y desarrollo, para "construir una sociedad diversa y plural".

Residencia para las maltratadas

La nueva norma autoriza la concesión de residencia para las inmigrantes irregulares que denuncien una agresión y obtengan una orden de protección.

En cuanto a la reagrupación, a partir de ahora los inmigrantes que hayan renovado su permiso de residencia inicial podrán reagrupar a su cónyuge o pareja (acreditada) y a los hijos menores de 18 años, pero deberán llevar más de cinco años residiendo legalmente en España para traer a sus padres y demás familiares en grado de ascendencia, siempre que éstos tengan más de 65 años de edad y existan razones que lo justifiquen.

La principal novedad relativa a los menores es la potestad que reconoce la ley a las comunidades autónomas para transferir la custodia de estos niños a fundaciones privadas, ONG y otros gobiernos regionales, a fin de evitar la masificación en los centros de acogida.

Además, castiga con una multa de hasta 10.000 euros a quienes promuevan la permanencia irregular de un extranjero y los empresarios que contraten a inmigrantes irregulares deberán pagar la repatriación de éstos.

El mismo día de la aprobación de la ley en el Congreso, varias ONG y asociaciones de inmigrantes, entre ellas la Asociación Marroquí de los Derechos Humanos, la Asociación Pro Derechos Humanos de España, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), SOS Racismo Madrid y la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España, enviaron a los diputados una carta en la que expresan su rechazo a la nueva Ley de Extranjería.