La Ley de Dependencia suspende en seis Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla

• Canarias y la comunidad valenciana son las que peor la aplican
• Las mejor situadas, Andalucía y Castilla-La Mancha, entre otras
• Su aprobación cumple ahora 3 años

Se cumplen tres años de la aprobación de la Ley de Dependencia y la conclusión: no es lo mismo ser una persona dependiente, por ejemplo en Canarias, que serlo en Andalucía, ya que los primeros recibirán menos ayuda.

Es la conclusión que se desprende del IV dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia en el que se afirma que seis comunidades, más las ciudades de Ceuta y Melilla no aplican bien la Ley de Dependencia. Ni siquiera llegan al 5 en una escala del 0 al 10.

Las peores notas las obtienen Canarias, la Comunidad Valenciana, Murcia y Madrid (donde vive una tercera parte de la población), que no llegan al 3. Frente a ellas Andalucía, Castilla-La Mancha y País Vasco, que obtienen un notable alto.

Síndrome del cuidador

El estudio pone de manifesto la diferencia de dinero que aporta cada autonomía para financiar esta ley. Por ejemplo, el gasto autonómico por habitante y año en La Rioja es de 71,47 euros mientras que en Baleares es de 4,01.

Equilibrio entre prestación económica y servicios

El Estado aporta a las comunidades autónomas una cantidad de dinero por cada dependiente  que haya sido evaluado y definido como dependiente. Hasta el momento están valoradas y admitidas el 89,2% de las solicitudes presentadas, pero el 37% de ellas, es decir 253.741 personas, aún no recibe ni ayuda ni dinero.

La mayoría de los casos pendientes de asignar prestación o servicio se da entre Canarias (61,8%). Actualmente dos de cada tres ayudas son económicas, para el cuidador familiar, cuando la Ley  estableció que estas debían ser excepcionales.

La ley de dependencia empezó con muchas espectativas hace dos años, pero para muchas familias sigue sin llegar. La dependencia condiciona la vida de muchos españoles, que esperan, sin éxito, la llegada de la ayuda. Muchos llevan más de quince meses tramitando esta ayuda en sus respectivas comunidades, un ir y venir de papeles y certificados médicos que supone un esfuezo añadido. Informe Semanal nos cuenta algunas de estas historias.

Las CC.AA. que han integrado la dependencia en sus redes de servicios sociales y que han contado con las entidades locales consiguen mejores resultados que las que han optado por modelos de gestión "centralizados" y han creado estructuras "paralelas".

Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, Euskadi o Navarra son "ejemplo positivos" de la colaboración entre las administraciones autonómicas y locales, con un incremento de recursos para que éstas últimas puedan cumplir sus funciones.

Tres años de dependencia

La Ley se aprobó el 14 de diciembre de 2006 y entró en vigor el 1 de enero de 2007 con el objetivo de crear un sistema nacional de atención a las personas dependientes, más de 1,1 millón de ciudadanos mayores o discapacitados que no pueden valerse por sí mismos.

En los tres primeros años de aplicación de la Ley, 565.218 personas han recibido alguno de los servicios y prestaciones económicas de su catálogo, y 463.303 siguen percibiéndolos en estos momentos. 

Andalucía se desmarca como la comunidad con más solicitudes y el perfil es el de mujeres mayores de 80 años, el 66%.

El nivel de dependencia y las prestaciones a las que tiene derecho cada persona se definen conforme a un baremo acordado entre el Gobierno y las CCAA. 

La Ley establece tres grados de dependencia: Grado I (moderada) cuando la persona necesita ayuda para hacer actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día.

Grado II (severa) cuando necesita ayuda dos o tres veces al día, pero no requiere presencia permanente de un ciudador.

Grado III (gran dependencia) cuando por su total pérdida de autonomía física o mental necesita la presincia indispensable y continua de una persona.