Condenan a 9 años al etarra huido de Torrevieja tras la muerte de su colega Castresana
- La Audiencia condena a Anartz Oyarzábal por tenencia de armas y explosivos
- Su compañera de comando murió al explosionar un artefacto que manipulaba
El etarra Anartz Oyarzábal, que en 2001 huyó de Torrevieja (Alicante) tras la explosión que mató a su compañera de comando Olaia Castresana cuando manipulaba una bomba, ha sido condenado por la Audiencia Nacional a nueve años y medio de cárcel por los delitos de tenencia de armas y explosivos.
La sección primera de este tribunal no le condena, sin embargo, por pertenencia a ETA, como solicitaba el fiscal -que pidió 19 años de cárcel para el procesado-, ya que Oyarzábal ya fue condenado en Francia por este delito en mayo de 2007.
Los hechos se remontan al 24 de julio de 2001, cuando se produjo una explosión en un edificio de la pedanía de La Mata en Torrevieja, en la que murió Castresana, que manipulaba un artefacto fabricado con explosivo procedente de un robo cometido por ETA en Grenoble (Francia).
Tras la explosión, el procesado, que fue detenido en Niort (Francia) en mayo de 2002, huyó de Torrevieja en un coche de su propiedad que luego fue localizado en Aoiz (Navarra).
Comando para atentar en Levante
En el registro efectuado tras la deflagración en la vivienda que compartía con Castresana -que integraban un comando con órdenes de llevar a cabo atentados en la costa de Levante-, la Guardia Civil encontró restos de explosivo de tipo titadyne.
Asimismo, los agentes intervinieron 14 kilos de este explosivo, 5 metros de cordón detonante, 16 detonadores eléctricos, 2 pistolas y varias publicaciones de ETA, entre otros efectos, en el domicilio familiar del acusado en San Sebastián.
La sentencia considera que "queda ampliamente acreditado" la relación de Oyarzábal con este material al haberse encontrado en ambos pisos sus huellas y documentación a su nombre y al haber sido visto cuando huía por un vecino al que le llamó la atención que el joven fuera "en sentido contrario al resto de las personas".
"La sola tenencia de armas y explosivos constituye una amenaza intolerable para la seguridad de la comunidad", concluye la sentencia.