AI denuncia que los menores en los centros sufren abusos, medicación forzada y malos tratos

• Asegura que estos abusos quedan en su mayoría "invisibilizados e impunes"
• Los niños, dice, están "indefensos" y son "invisibles" por la falta de información
• Piden una investigación a Zapatero a través de www.actuaconamnistia.com

Reporteros del telediario - Amnistía Internacional denuncia el trato vejatorio que reciben en España los menores internados en centros

Amnistía Internacional ha denunciado este martes que los niños ingresados en centros de protección terapéuticos pueden "ser víctimas de abusos sexuales, malos tratos, tratamiento cruel y degradante, ser encerrados en celdas de aislamiento, atados, amordazados, medicados sin diligencia y en contra de su voluntad" y todo,  con "total impunidad" porque su existencia y su realidad son "invisibles".

Esta es una de las conclusiones del informe 'Si vuelvo, ¡me mato!. Menores en centros de protección terapéuticos', elaborado por la organización a partir de unas 170 entrevistas con trabajadores y menores (59) que están o han pasado por centros de Cataluña, Madrid y Andalucía, comunidades que concentran el 55% de los centros terapéuticos para menores con problemas de conducta de toda España.

La organización ha promovido una acción en Internet para exigir al Gobierno que investigue la situación en estos centros, que elabore protocolos para contar, controlar y supervisar estos centros y que emprenda las reformas oportunas para que el poder judicial "sea visible" en estos casos, porque "la Administración tiene noticia de todas estas denuncias y aquí lo único que está claro es que no se ha hecho nada", ha señalado Beltrán.

La investigación sigue la estela de la ya publicada por el Defensor del Pueblo sobre estos centros porque pese a sus denuncias "no ha cambiado casi nada".

La mordaza o las celdas de aislamiento, entre los castigos más frecuentes

"Si yo atara a mi hija en una silla con cinta de embalar,  si le diera medicación sin decirle para qué, si la mantuviera varios días aislada en una habitación y si además me negara a informar a nadie de lo que le ocurre a mi hija; el fiscal o la autoridad judicial correctamente me la quitaría. Si esto lo hace el Estado en los centros terapéuticos, como ha documentado AI, no pasa absolutamente nada", ha denunciado en rueda de prensa el director de Amnistía en España, Esteban Beltrán.

Según ha explicado la investigadora de AI Elena Estrada, esto es lo que ocurre en los centros porque entre los castigos más frecuentes están el amordazar a los niños en una silla a la intemperie, privarles de alimento hasta tres días, encerrarles en "celdas de aislamiento una semana o dos", prohibir las visitas familiares u obligarles a permanecer 24 horas de pie.

Además, ha denunciado que en este tipo de centros se aplican contenciones físicas (sujecciones), mecánicas (ataduras) y farmacológicas (con medicamentos) "con objetivo de castigar al menor", y no como tratamiento o como respuesta a un momento puntual de crisis.

Fármacos como forma de contención

En este sentido, la organización incide en la violación de derecho a la salud de estos niños, a quienes "se suministran psicofármacos con una finalidad sancionadora y no terapéutica" y que pese a tener el derecho reconocido de conocer su diagnóstico y tratamiento si han cumplido 12 años de edad, no reciben información sobre los fármacos que están siendo obligados a ingerir.

"Cualquier medida sobre medicación forzada, sobre sometimiento a contención física o sobre celdas de aislamiento no tiene supervisión judicial, ni fiscal y menos autorización judicial, con lo cual, estas medidas que en muchos casos son violaciones de derechos humanos  dependen del criterio de cualquier educador o cualquier personal de estos centros", ha denunciado Beltrán. En las cárceles, este tipo de conductas son "siempre" autorizadas por el magistrado de vigilancia penitenciaria.

Cerca de 10 internos se han suicidado en los últimos 10 años

En cuanto a los abusos sexuales, "los más difíciles de denunciar y probar" según la organización, Estrada ha mencionado el "caso paradigmático" ocurrido en un centro de Cataluña, donde un supuesto educador estuvo "años" abusando de los niños internados que, a su vez y como consecuencia, repitieron esta conducta con otros menores. "Muchos de ellos estaban en el centro precisamente porque habían sido víctimas de abusos sexuales", ha señalado.

Las consecuencias para estos niños "no pueden ser peores" tanto a nivel físico como psicológico. Estrada ha recordado que al menos una decena de menores se han suicidado en estos centros en la última década por "la falta de diligencia" de los trabajadores para prevenir esta situación ya que "ni siquiera piensan en retirarles el cinturón" cuando les ingresan en celdas de aislamiento.

El defensor del pueblo investigará la muerte de una niña que se tiró a la carretera desde un vehículo en marcha. La joven volvía al centro de menores en el que residía, en Azuqueca de Henares , Guadalajara. El centro pertenece a la Fundación O'Belen y figura entre los investigados por el defensor del pueblo, por posibles irregularidades y por vulnerar los derechos de los menores. Ahora, Enrique Múgica ha abierto una nueva investigación

Desprotegidos e invisibles

Ante estos abusos, los menores se encuentran "desprotegidos" ya que, según explica el informe, no disponen de mecanismos rápidos y sencillos para presentar una denuncia y sus interlocutores son los trabajadores del centro, que en muchos casos son quienes cometen los abusos.

Si la queja prospera y hay juicio, la citación llega al propio centro, que tiene conocimiento de la situación incluso antes que el menor interesado.

"Están totalmente indefensos y son extremadamente vulnerables porque nadie sabe cuántos son y nadie sabe cuántos centros de protección terapéuticos existen, y porque tanto la Administración como las entidades privadas que gestionan estos centros dificultan que se lleven a cabo investigaciones independientes", ha explicado Beltrán, para incidir en que en un 53% de los casos ni siquiera hay una decisión judicial que avale el ingreso del niño en uno de estos centros.