Ley Ómnibus: reducir las tramas burocráticas para agilizar la prestación de servicios

• El Congreso aprueba este jueves la modificación de 47 normativas sectoriales
• Afecta especialmente a colegios profesionales y actividades reguladas como el taxi

La reducción de las trabas burocráticas de forma que se agilice la prestación de servicios y se fomente la competencia es el objetivo fundamental de un compendio de medidas recogidas en la denominada Ley Ómnibus, cuya aprobación definitiva debate este jueves el Congreso.

En realidad, la ley supone la modificación de otras 47 normas sobre distintos sectores, para adaptarlas a la Directiva de Servicios aprobada por la Comisión Europea a finales de 2006, que trata de crear un mercado único de servicios; para ello, una de las principales medidas es que los profesionales de un país puedan ejercer en el resto de la Unión Europea.

Así, la Ley Ómnibus afecta especialmente a los colegios profesionales, eliminando restricciones como la imposibilidad de ejercer dos profesiones, el visado para un trabajo profesional -por ejemplo, un proyecto de un arquitecto-, o la fijación de baremos orientativos para los honorarios -el precio será fijado por ambas partes libremente-.

En concreto, se establece que la cuota de suscripción "no podrá superar en ningún caso los costes asociados a la tramitación de la inscripción". Esto elimina la principal fuente de financiación de muchos colegios profesionales, lo que, junto a la desaparición de requisitos hasta ahora obligatorios que ellos controlaban, pone en cuestión la continuidad de muchos colegios.

De hecho, los efectos de la ley se están ya apreciando antes incluso de su aprobación definitiva, ya que los colegios de abogados de Madrid, Valencia, Barcelona y Málaga ya están reduciendo sus cuotas de inscripción, en algunos casos hasta un 67%: en Madrid, colegiarse pasará de costar 915 euros a 300 euros. En cualquier caso,  la nueva regulación no afecta a las profesiones relacionadas con la salud.

Polémica con los taxistas

En otros sectores, la reforma se centra especialmente en la eliminación de autorizaciones para sustituirlas por declaraciones responsables: así, la instalación de equipos de gas o de calderas y la instalación de sistemas de telecomunicaciones sólo requerirán que quién preste el servicio se comprometa a cumplir con la normativa vigente -de modo similar a la constitución de una empresa-, sin necesidad de disponer de una autorización previa.

En el caso de los taxistas, el más polémico hasta ahora, la Ley Ómnibus establece en el artículo 21, dedicado a los transportes terrestres, dos disposiciones: la libertad entre las partes contratantes para fijar el precio del transporte y la libertad para ejercer el transporte de viajeros discrecional sin necesidad de una licencia administrativa.

Esto no supone que vayan a desaparecer los taxis municipales, ya que las autorizaciones seguirán rigiéndose por la normativa municipal, sino que cualquiera, bajo unos mínimos requisitos, podrá dedicarse al transporte de viajeros, lo que en la práctica afecta a los coches de alquiler con conductor, como es el caso de limusinas, vehículos en los aeropuertos para altos ejecutivos, vehículos de flota de empresas o vehículos para viajes organizados de un grupo reducido de personas.

Para los taxistas con licencia municipal, esto supone una desregulación del mercado, mientras que el Gobierno defiende que refuerza "la seguridad jurídica de estos servicios", sin que por el momento hayan alcanzado un acuerdo.

Todas estas modificaciones sectoriales están sujetas, a su vez, a la llamada Ley Paraguas, todavía en trámite parlamentario, que regulará el libre acceso a las actividades de servicios. Cuando toda la arquitectura normativa esté en marcha, el Gobierno estima que supondrá un aumento del PIB del 1,2% y creará entre 150.000 y 200.000 empleos, al suprimir barreras a la competencia y ahorrar costes.