El Gobierno estudia la legalidad del decreto valenciano que autoriza la reforma del Cabanyal

• De la Vega: "Que la Generalitat explique por qué desoye a los jueces"
• El Gobierno de Camps autorizó por decreto ley el derribo del histórico barrio

El Gobierno ha pedido un informe técnico a los servicios jurídicos del Estado para conocer el grado de constitucionalidad del decreto ley aprobado por la Generalitat valenciana que autoriza el derribo del barrio valenciano del Cabanyal.

De la Vega ha asegurado, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que cuando tengan en su poder ese informe técnico "tomarán medidas".

El Ejecutivo de Camps se enfrentó al Ministerio de Cultura -que había suspendido las obras en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo al considerar que las obras en el Cabanyal suponían un expolio al patrimonio histórico- al autorizar "expresamente" por decreto ley las obras en este histórico barrio, que supone el derribo de más de 1.600 viviendas, según la plataforma de afectados.

La vicepresidenta primera ha defendido que "es la Generalitat la que debe erxplicar por qué desafía y desoye la decisión de los jueces" y "tiene tanta prisa para derribar un barrio histórico para la construcción de uno nuevo".

La "actuación del Gobierno seguirá los criterios de legalidad y protección del patrimonio histórico contra el expolio", ha defendido De la Vega.

En el decreto ley en el que el Gobierno de Camps autoriza continuar con los derribos, la Generalitat se autoatribuye toda competencia en materia de patrimonio, algo que la Constitución Española adjudica al Estado.