La Ley antidescargas permitirá también cerrar webs sin ánimo de lucro

• Una comisión del ministerio de Cultura denunciará a las webs de descargas
• El juez tendrá un plazo máximo de cuatro días para decidir
• Para poder llevarlo a cabo se modificará la Ley Orgánica del Poder Judicial

El ministerio de Economía ha publicado hoy lunes el texto final del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible  que afecta a la Ley de Servicios de Sociedad de la Información cuyos cambios fueron avanzados en rueda de prensa por el ministro de Justicia el pasado viernes.

En el nuevo texto destaca el siguiente párrafo: "La sección podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o para retirar los contenidos que vulneren la propiedad intelectual por parte de un prestador con ánimo de lucro, directo o indirecto, o de quien pretenda causar un daño patrimonial."

“Se pueden ver afectadas por la Ley no solo webs con ánimo de lucro“

Queda abierta así la interpretación de quién vulnera la propiedad intelectual ya que entrarían no sólo las webs que se lucren con contenidos protegidos por la propiedad intelectual sino también aquellas que, aún no teniendo publicidad "pretendan causar un daño patrimonial".

Según explica a rtve.es David Bravo, abogado especializado en derecho en internet "esto lo interpretará la Comisión de Cultura que será quien determine que web sin ser prestador de servicios puede causar un daño patrimonial".

Añade que "si bien antes un blog con publicidad podría estar dentro de la anterior redacción esto hace que se extienda a quienes sin ser prestadores de servicios tienen la intencion de "dañar" los derechos de propiedad intelectual".

El Gobierno ha cambiado finalmente el proyecto de Ley de Economía Sostenible para que sean los jueces de la Audiencia Nacional los encargados de decidir en un plazo "improrrogable de cuatro días" si se puede o no cerrar una web acusada de descargas ilegales.

David Bravo afirma de forma contundente que "el juez tendrá un papel accesorio y subordinado" ya que es "la Comisión quien resuelve si hay o no infraccion de propiedad intelectual, decide si se debe cerrar o no y ejecuta el cierre. El juez entra para autorizar la ejecución de esa resolución simplemente si esa decisión afecta al derecho fundamental del titular de la web, pero no determina si merece el cierre o no".

Los jueces venían dictaminando en diversos juicios contra páginas con enlaces p2p que estas webs no cometían ningún delito.  Según Bravo, "los mismos jueces que decidían que esas paginas no vulneran la propiedad intelectual si ahora les preguntan que si retirar esos enlaces supone una vulneración de los derechos de libertad de expresión del dueño de la web es posible que decidan ahora que no se vulnera este derecho fundamental".

El abogado cree que en esta nueva redacción del proyecto de Ley "no hay ningún cambio positivo". Añade "que ha empeorado la redacción porque se amplía el ámbito de acción al incluir algo tan impreciso como la posibilidad de cerrar webs sin actividad económica y que tenga intención de causar determinados daños según el criterio de la Comisión de Cultura".

¿Quién formará la Comisión de Cultura?

En el anteproyecto de Ley de Economía no se detalla quiénes formarán parte de la Comisión dependiente de Cultura encargada de decidir qué webs vulneran la propiedad intelectual y por lo tanto deben cerrarse.

Los detalles de la composición de esta Comisión se desarrollarán en un reglamento, aunque algunos medios como ABC han adelantado que quedaría compuesta de la siguiente forma:

• Un juez de prestigio
• Representantes de los creadores
• Representantes de los consumidores e internautas

El letrado especializado en internet declara que solo espera" que si se les ocurre invitar a formar parte de esa comisión a representantes de asociaciones de internautas o consumidores que se nieguen porque sería terrible que se legitimizara esta Comisión".