El piloto de los "vuelos de la muerte" detenido en Valencia acepta ser extraditado a Argentina

• Julio Alberto Poch responderá en su país por los crímenes de la dictadura
• Ha pedido un "juicio justo", afirmando que se le acusa "sin investigar los hechos"

El ex militar argentino Julio Alberto Poch, detenido el pasado 22 de septiembre en Manises (Valencia) por su presunta participación en los "vuelos de la muerte" durante la dictadura del país sudamericano, ha aceptado hoy su extradición a Argentina, donde ha pedido tener un "juicio justo".

Durante la vista de extradición que se ha celebrado hoy en la Audiencia Nacional, Poch ha insistido en que lleva "cuatro meses detenido injustamente", y se ha "arruinado" su carrera por unos hechos que se le imputan de los que "no existen pruebas", además de señalar que se considera víctima de una "jugada política" de Holanda.

“Poch afirma que el fiscal argentino le ha acusado "sin investigar los hechos"“

Sin embargo, aunque el piloto, de origen argentino pero con nacionalidad holandesa, ha subrayado que este país se "deshizo" de él sin darle la oportunidad de defenderse, ha insistido que lo "más vergonzoso" fue la actuación del Fiscal argentino, que le acusó "sin investigar los hechos".

La justicia argentina le reclama por cuatro procesos penales pendientes en relación con los "vuelos de la muerte", en los que los opositores políticos a la dictura (1976-1983) eran drogados y arrojados vivos al mar desde aviones militares y que dejaron más de un millar de víctimas.  Se calcula que unas 30.000 personas desaparecieron durante la dictadura militar argentina.

Cambio de opinión

Poch está acusado de ser uno de los responsables de estos vuelos que arrojaban al mar a los detenidos en la antigua Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires, la mayor cárcel clandestina instalada durante la dictadura del general Videla.

“Me considero un detenido político, ha asegurado el ex militar argentino“

Las autoridades argentinas ya habían solicitado a Holanda, a finales de 2008, la extradición de Poch, tras recoger en ese país testimonios que involucraban al ex militar en los vuelos de la muerte y en las operaciones de la ESMA. "Me considero un detenido político. Holanda quiso deshacerse de un ciudadano sin darse la oportunidad a defenderse por razones políticas", ha reiterado.

Poch ha reclamado que se "agilice" su extradición, en contra de lo que hizo durante su comparecencia ante el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco el pasado 6 de octubre, en la que la rechazó, porque desea un "juicio justo" en el que pueda defenderse de unos hechos de los que se le acusa "injustamente".

Velasco le envió entonces a prisión incondicional a la espera de que Argentina remitiera la documentación necesaria y, un día después, se recibió por vía diplomática la solicitud de extradición cursada por la embajada del país andino.

"Fraude de ley"

No obstante, el defensor de Poch, Ignacio Peláez, ha asegurado que el del piloto es un "claro fraude de ley" porque Holanda no tramitó ninguna orden de detención ni de extradición contra el ex militar porque, ha proseguido, la legislación de este país no permite la entrega de sus ciudadanos a Argentina.

A su juicio, se trata de un asunto de "connivencia" entre las autoridades de Holanda y Argentina que aprovecharon los múltiples viajes de Poch -piloto comercial de la compañía del país bajo Transavia-, para que España llevara a cabo su detención.

Para el letrado, el "fondo" del caso es que Poch "está pagando un problema político de Holanda", ya que el padre de la esposa del heredero de la Corona de este país, Maxima Zorreguieta, ocupó un cargo importante durante la dictadura argentina, por lo que el país sudamericano le tiene prohibida la entrada.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se pronunciará sobre la extradición de Poch en los próximos días y, en caso de que apoye la entrega, Peláez ha pedido que Argentina establezca unas "garantías mínimas" para el acusado. De esta forma, ha reclamado que el país sudamericano informe sobre las penas que Argentina puede pedir por los delitos que imputa a Poch, ya que España no contempla la cadena perpetua, y que garantice el cumplimiento de los límites máximos de prisión provisional.