El Supremo de Honduras prohíbe salir del país al mando militar implicado en el golpe de Estado

• Los seis militares se han abstenido de declarar ante el juez
• El Ministerio Público les acusó el 6 de enero por la expulsión de Zelaya

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y juez especial, Jorge Rivera, ha prohibido salir del país a la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas,  acusada en un proceso por la expatriación del derrocado presidente, Manuel Zelaya.

Al término de la audiencia de declaración de imputados, en la que los seis oficiales no declararon, Rivera también ordenó que se presenten a firmar cada mes el libro de registro en la secretaría de la CSJ y fijó para el próximo 21 la audiencia inicial del proceso.

"El juez natural nombrado por esta Corte Suprema de Justicia ha determinado, después de escuchar a las partes, del Ministerio Público con la defensa, dictar las medidas cautelares de prohibición de salir del país y obligar a las personas encausadas a presentarse a este tribunal de justicia", dijo a los periodistas el fiscal del caso, Marcio Cabañas.

El coordinador de la defensa de los militares, Dagoberto Mejía, confirmó que los oficiales "no declararon, se abstuvieron ahora por estrategia de defensa,  usualmente no se declara en la audiencia de imputado y se deja oportunamente para cualquier otro momento siempre y cuando fuera necesario".

Mejía y otro abogado defensor, Juan Carlos Sánchez, reiteraron que su estrategia no se basa en una eventual amnistía política a los involucrados en el derrocamiento de Zelaya, decisión que el Congreso Nacional dejó para el próximo Gobierno que presidirá Porfirio Lobo a partir del próximo 27 de enero.

La defensa planteará argumentos como "el estado de necesidad"

La defensa planteará, en su momento, argumentos "eximentes de responsabilidad criminal" como "el estado de necesidad, el respeto que se hizo de la Constitución y principalmente la defensa del Estado, la defensa de la patria", argumentó Mejía.

Según el Gobierno de facto que preside Roberto Micheletti, al que el Parlamento le otorgó la condición de diputado vitalicio, los militares derrocaron a Zelaya en cumplimiento de un mandato judicial por impulsar una consulta popular, declarada ilegal por varios órganos del Estado, para promover una Asamblea Constituyente.

El fiscal Cabañas indicó que "el Ministerio Público todavía tiene (tiempo) para estudiar la medida (dictada hoy) y tiene el término legal para poder interponer un recurso, si lo consideramos necesario".

El Ministerio Público acusó a los seis militares el pasado 6 de enero por la expulsión de Zelaya a Costa Rica tras su derrocamiento el 28 de junio pasado.

La Constitución prohíbe la expatriación de hondureños.

La Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas está integrada por el jefe y el subjefe del Estado Mayor Conjunto, generales Romeo Vásquez y Venancio Cervantes, respectivamente.

Además, los jefes del Ejército, general Miguel Ángel García Padgett; de la Fuerza Aérea, general Luis Javier Prince, y de la Fuerza Naval, contraalmirante Juan Pablo Rodríguez, y el inspector general de las Fuerzas Armadas, general Carlos Cuéllar.

Protestas contra el CSJ

Antes de que comenzara la audiencia, organismos no gubernamentales aglutinados en la Plataforma de Derechos Humanos protestaron ante la sede de la CSJ para señalar que ésta ha dejado de ser garante de derecho por su "colusión" con los que golpistas, y cuestionaron que Rivera sea el juez especial.

"No podemos reconocer una Corte Suprema de Justicia que en colusión con los militares, políticos y empresarios derrocaron al presidente Zelaya", dijo la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, Bertha Oliva.

La Plataforma señaló, en un comunicado, que la justicia hondureña también ha expresado públicamente, desde el mismo día del golpe de Estado, que las Fuerzas Armadas actuaron como defensoras "del imperio de la Constitución y en defensa del Estado de Derecho".

Después, en el mismo lugar donde se manifestó la Plataforma, una treintena de activistas de la Unión Cívica Democrática (UCD), que respalda al Gobierno golpista, coreó consignas a favor de las Fuerzas Armadas, la Policía y en defensa de la Constitución.

También elogiaron a Micheletti, quien asumió el poder por designación del Parlamento el 28 de junio después de que Zelaya fuera derrocado.