El informe que encargó el Ayuntamiento de Vic dice que su plan para inmigrantes se ajusta a la ley

• Vic pide a Rubalcaba que aclare qué pasaportes son válidos
• El Consistorio diferencia a los extranjeros de la UE con respecto a otros

El informe que encargó el Ayuntamiento de Vic dice que su plan para inmigrantes se ajusta a la ley

Un informe jurídico elaborado por el bufete de abogados Roca Junyent y encargado por el Ayuntamiento de Vic (Barcelona) asegura que la intención del Consistorio de no permitir el empadronamiento de los inmigrantes en situación irregular, "no puede ser tildada de ninguna de las maneras como incorrecta o contraria a la ley".

Este Ayuntamiento ha entregado en la subdelegación del Gobierno de Barcelona una instancia dirigida al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la que le pide que le aclare por escrito qué documentos deben presentar los inmigrantes para empadronarse en alguna localidad española.

El informe jurídico asegura que las condiciones de empadronamiento anunciadas por el consistorio, y que tanta polémica han levantado, "se ajustan a la más estricta y fiel interpretación de las normas legales aplicables".

"No obstante, -señala el documento- algunas voces han manifestado su discrepancia sobre este comportamiento", por lo que el ayuntamiento ha decidido pedir al Ministerio del Interior que aclare "qué pasaportes pueden gozar de la consideración de válidos".

El alcalde Vic, Jose Maria Vila d'Abadal, firma este documento en el que recuerda que la ley de extranjería distingue entre extranjeros procedentes de la Unión Europea y los que vienen de terceros países.

En el caso de los extranjeros procedentes de países no comunitarios, dicha ley exige que "el pasaporte se acompañe del preceptivo visado", por lo que el consistorio se considera legitimado para pedir dicho visado.

Sin embargo, "no corresponde al Ayuntamiento de Vic la interpretación de qué pasaportes son válidos", por lo que el consistorio ha decidido pedir al Ministerio del Interior que aclare "qué actuación se corresponde al más estricto cumplimiento de las normas legales".

El vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira,  también ha instado al Ministerio de Interior a definir las condiciones de empadronamiento que deben acatar los ayuntamientos. Ha señalado que es "necesario que el Ministerio diga la documentación que imprescindiblemente debe solicitarse, y a partir de aquí todos los ayuntamientos deben actuar en consecuencia".

El PSC de Vic insiste en su plan pese a las reticencias del partido

Los cuatro concejales que el PSC tiene en el Ayuntamiento de Vic siguen apoyando la propuesta hecha por el Gobierno municipal a pesar de que el viceprimer secretario del PSC, Miquel Iceta, les instara a oponerse a los nuevos criterios. 

El segundo teniente de alcalde y portavoz del PSC en el Ayuntamiento, Josep Burgaya, ha dicho que el equipo de gobierno municipal en su totalidad y los ediles socialistas en particular serán "absolutamente escrupulosos" en el respeto de la legalidad vigente.

"No hay la voluntad del PSC ni de los otros grupos del Gobierno municipal de hacer nada ilegal", ha agregado Burgaya.

Vic avaló empadronar a todos los inmigrantes en octubre

El Ayuntamiento de Vic y las entidades que reúnen a los municipios catalanes -la Federación Catalana de Municipios (FMC) y la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas (ACM)- avalaron en octubre un documento que defendía empadronar a cualquier inmigrante, con independencia de su situación legal.

Este documento, dado a conocer este lunes por el PSC, es fruto del Pacto nacional por la inmigración y fue suscrito por el Govern, por las cuatro diputaciones, por diversos consejos comarcales y por otros 27 ayuntamientos catalanes, el pasado 26 de octubre en el marco de la Mesa de Ciudadanía e Inmigración.

Este documento deja claro que "empadronarse es un derecho y una obligación para todo el mundo, sea cual sea su nacionalidad y su situación administrativa", y alerta de que poner obstáculos al empadronamiento priva a los inmigrantes del acceso a "derechos fundamentales" y les expone "a situaciones de alta vulnerabilidad".

Asimismo, el texto añade que "no estar empadronado tampoco exime al ente local de las obligaciones que le son propias", como la escolarización de los menores o bien la recogida de basuras.