La Fiscalía pide 2 años cárcel y 30 de inhabilitación para el juez Urquía

• Acusado de ofrecer favores judiciales a cambio de un beneficio económico
• Ya fue condenado por aceptar dinero de Juan Antonio Roca

La Fiscalía Superior de Andalucía ha pedido dos años de cárcel, 30 de inhabilitación como juez o magistrado, uno de suspensión y multa de 8,1 millones de euros para Francisco Javier de Urquía, acusado de ofrecer favores judiciales a cambio de un beneficio económico durante la Operación Hidalgo.

En su escrito de acusación, la Fiscalía le imputa por estos hechos dos delitos de prevaricación y dos de cohecho, en una causa en la que hay otros tres acusados, para los que solicita penas de entre uno y dos años de cárcel y multas de hasta 8 millones de euros.

En esta causa se investigan presuntas gestiones realizadas por el que era juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella para favorecer a algunos de los imputados en el caso Hidalgo, abierto contra el blanqueo de capitales procedentes de distintas actividades delictivas en la Costa del Sol.

Se trata del segundo caso seguido en el alto tribunal contra De Urquía, quien ya fue condenado por pedir y aceptar para la compra de su vivienda 73.800 euros del ex asesor urbanístico marbellí Juan Antonio Roca a cambio de favorecerle judicialmente.

El juez aprovechó su competencia como instructor del caso

De Urquía, aprovechando su competencia como instructor de esta causa, se puso de acuerdo con sus amigos I.M.L. y A.F.A. para obtener un beneficio económico a cambio de ofrecer favores judiciales, dado que éstos conocían a algunas de las personas afectadas por el procedimiento.

Así, sabían que uno de los imputados, dueño de un hotel, estaba preparando una operación de venta del establecimiento, la cual se veía impedida por las medidas cautelares dictadas por el juez, que incluían la prohibición a los imputados de disponer de algunos bienes.

A.F.A. contactó con un amigo del dueño del hotel para hacerle llegar su oferta de conseguir el levantamiento de las medidas adoptadas sobre sus propiedades a cambio de 5 millones de euros, la cual éste rechazó.

Por su parte, I.M.L., responsable de una revista, se reunió en varias ocasiones con el hijo del empresario hotelero para reiterar el ofrecimiento en varias conversaciones que fueron grabadas por su interlocutor y en las que fue elevando el precio de la intervención hasta los ocho millones.