El sumario del caso Arco apunta a una red de corrupción político-empresarial

• La trama consistía en construir y legalizar casas en suelo no urbanizable
• El sumario establece que el entonces alcalde se enriquecía por permitirlo

El sumario del 'caso Arcos' contra la corrupción urbanística en Alcaucín (Málaga) apunta a una "red de corrupción político-empresarial" en esta localidad más que a "unos meros ilícitos relacionados con la ordenación del territorio" aunque los hechos tengan su origen en asuntos vinculados al urbanismo.

Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al que ha accedido Efe al levantarse parcialmente el secreto sumarial, los investigadores creían ya en septiembre de 2008 que, de resultar ciertas las informaciones de las que disponían, el entonces alcalde de la población, José Manuel Martín, "se habría enriquecido a cambio de permitir determinados actos".

“Se habría enriquecido a cambio de permitir determinados actos“

Martín, elegido bajo las siglas del PSOE, fue detenido el 27 de febrero de 2009 por este caso; acusado de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental; se ordenó su ingreso en prisión provisional sin fianza; dimitió del cargo y en junio pasado quedó en libertad bajo fianza de 120.000 euros.

Prisión para el edil de Alcaucín

El caso Arcos, que sumó más de una veintena de imputados, destapó una trama que presuntamente construía y legalizaba casas en suelo no urbanizable en la sierra malagueña de la comarca de la Axarquía.

El informe del Grupo contra la Delincuencia Urbanística de la UCO señala respecto al ex alcalde que el "enriquecimiento también habría alcanzado a sus familiares más directos (concretamente, a sus hijas)" y que las "irregularidades habrían generado pingües beneficios a personas y empresas que habrían negociado" con él.

Los investigadores indican en su informe que "las informaciones recibidas, procedentes de varias fuentes, coinciden en señalar como principal beneficiario de la supuesta trama de corrupción" a José Manuel Martín".

Políticos y empresarios

Añaden que "todo apunta a que existen evidentes conexiones" entre él y "empresarios del sector inmobiliario que actúan en la localidad realizando operaciones urbanísticas, presuntamente al margen de la legalidad, en base a las que el alcalde podría haber recibido compensaciones personales que habrían engrosado su patrimonio".

También se señala que "para ocultar estas compensaciones, parece ser que estaría empleando a su entorno familiar más próximo".

Se precisa que "tales actividades, supuestamente ilícitas, consistirían principalmente en facilitar a constructoras la edificación, unas veces en terrenos sin la adecuada clasificación" y otras "la modificación del planeamiento al antojo de las mismas, de modo que se obtenga mayor cuota de edificabilidad de la permitida, alterando los parámetros que rigen en las normas subsidiarias".

El informe indica que todo ello iba "encaminado a que tales empresas obtengan el mayor beneficio posible".

"Al parecer, en otras ocasiones también habría utilizado sus facultades como alcalde para, por medio de certificados falsos, permitir reparcelaciones de terrenos agrícolas para posteriormente otorgar licencias de obra para la construcción de viviendas claramente desvinculadas del uso agrario o bien facilitar construcciones en terrenos rústicos", según el sumario.

Maquillaba situaciones irregulares por regalos

Se refleja que "el alcalde habría realizado lo que podrían calificarse de intentos por maquillar o regularizar las situaciones irregulares previamente creadas por las construcciones".

Con las iniciales investigaciones se apunta que "el alcalde podría haber recibido contraprestaciones de tipo económico por permitir que algunos constructores/promotores vulneraran en su propio beneficio las normas urbanísticas del municipio".

Se explica que Martín "no se habría limitado a obviar tales infracciones, sino que más bien habría participado activamente en las mismas, aprovechándose de su cargo, facilitando la cobertura documental que se precisa para vulnerar controles extramunicipales establecidos (instancias autonómicas, notariales, registrales, judiciales, etc.)".