Garzón procesa a Otegi y a siete personas más por intentar reconstruir Batasuna

• No procesa al histórico Rufi Extebarria al considerar que no hay indicios
• Acusa a Otegi de ser el máximo responsable de 'Bateragune'
• Entre las actividades del grupo estaría la de conseguir treguas encubiertas

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha procesado al ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, al ex secretario general de LAB Rafa Díez Usabiaga y a otros seis dirigentes de la izquierda abertzale por intentar reconstruir la formación ilegalizada a través del grupo "Bateragune".

El magistrado ha adoptado esta decisión a instancias de la Fiscalía, si bien no ha asumido su petición de procesar al histórico dirigente de Batasuna Rufi Etxebarria, al considerar que no existen indicios razonables de criminalidad contra él.

Además de Otegi y Díez Usabiaga, que están presos desde el pasado 16 de octubre, el juez ha procesado por integración en organización terrorista a la ex tesorera del PCTV-EHAK Sonia Jacinto; a Miren Zabaleta, hija del coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, y a Arkaitz Rodríguez, que fue juzgado en 2006 por ser miembro de los aparatos de captación e información de ETA y que resultó absuelto.

Los otros tres procesados son José Luis Moreno Sagües (Txelui), candidato al legislativo foral en una lista que fue ilegalizada, José Manuel Serra y Amaia Esnal, que quedaron en libertad con una fianza de 10.000 euros.

Garzón sostiene que Otegi era el máximo responsable del "Bateragune" y entre sus actividades estaría la de "conseguir treguas encubiertas para Euskal Herria de acciones de ETA" en el País Vasco para facilitar "los contactos" con formaciones soberanistas "que se muestren contrarias a la violencia y que exijan su cese como requisito para continuar".

Así, precisa el auto, el seguimiento de las acciones terroristas de ETA evidencia que entre el 24 de abril de 2009 y 7 de junio de 2009 la banda no llevó a cabo ningún atentado en el País Vasco y en Navarra, lo que considera "Euskal Herria", aunque sí lo hizo en la localidad cántabra de Guriezo, pues lo considera "España".

"Combinación criminal de votos y bombas"

Tras esa fecha y hasta la detención de Otegi, ETA asesinó el 19 de junio al inspector de Policía Eduardo Puelles en Arrigorriaga (Vizcaya), colocó un furgoneta-bomba contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Burgos el 29 de julio, mató a dos agentes del instituto armado en Calviá (Mallorca) el 30 de agosto y puso cuatro artefactos en Palma el 9 de agosto.

Según Garzón, de la documentación intervenida a los procesados y a los etarras Ekaitz Sirvent, Itziar Plaza, Asier Borrero, Iurgi Garitagoitia se desprende que durante el proceso de debate interno de ETA -desarrollado entre el verano de 2007 y la primavera de 2008, se concluyó que había que crear una "nueva referencia institucional y política" cuya estrategia fuera la "combinación criminal de votos y bombas".

La organización terrorista, señala el juez, habría fijado las fases de su nueva estrategia para hacerla pública en la primavera de este año.

Once reuniones en la sede de LAB

Las reuniones de los integrantes de "Bateragune", que Garzón eleva a once desde la primera que se celebró el pasado 17 de abril, se realizaban en la sede del sindicato LAB en San Sebastián, y añade que todos los procesados aportaban los "recursos disponibles en el conjunto organizativo de la izquierda abertzale".

A Díez Usabiaga, el magistrado lo sitúa como autor de varias cartas guardadas en una memoria portátil intervenida en la sede de LAB, y en las que se leen frases como "tras el agerraldi (presentación pública) habrá que ver cómo podemos dotar de credibilidad la apuesta" o se alude a la necesidad de "ajustar la estrategia de la lucha armada al nivel de lucha que el pueblo requiere".

Precisamente, Otegi se va a sentar de nuevo esta semana en el banquillo de la Audiencia Nacional, donde será juzgado por participar en un homenaje al preso etarra José María Sagarduy en 2005 en Amorebieta (Vizcaya), hechos por los que la Fiscalía pedirá para él 18 meses de cárcel, mientras que las acusaciones reclamarán hasta cinco años.