La activista española detenida por Israel en Cisjordania sale en libertad

• Ariadna y su compañera australiana tendrán que pagar una fianza de 600 euros
• El Tribunal les dio a elegir entre deportación voluntaria o seis meses de prisión

La activista española detenida en Cisjordania sale de la cárcel

La activista catalana Ariadna Jové ha salido en libertad esta tarde en Tel Aviv tras pagar la fianza impuesta por el Tribunal Supremo de Israel de unos 600 euros, según ha confirmado el portavoz de la familia, Iván Gordillo, después de hablar con ella por teléfono.

El Tribunal Supremo de Israel ordenó la liberación de Jové y de su compañera australiana Bridgette Chappell a cambio del pago de una  fianza de 3.000 shekels cada una (casi 587 euros) y les ha prohibido la entrada en Cisjordania, después de que el pasado domingo el Ejército israelí  las detuviera en Ramala.

Según Gordillo, ahora tienen "dos procesos abiertos", uno con el  Tribunal Supremo, que debe resolver si la detención fue ilegal, ya que de ser así, las activistas podrían volver a entrar en Cisjordania. El otro proceso es administrativo, y se trata de "aclarar la situación con Extranjería" para evitar ser extraditada.

El portavoz de la familia ha explicado que la activista todavía no ha decidido si regresará a España o se quedará, y que dependerá de si finalmente el Supremo le permite regresar a Ramala, donde realiza su trabajo dentro del Movimiento Internacional de Solidaridad (ISM),  porque de no ser así "no tiene sentido quedarse".

Deportación voluntaria o pasar seis meses en prisión

Jové ha declarado en la audiencia ante el Tribunal Supremo israelí que las fuerzas de seguridad le dieron a elegir a ella y a su compañera entre firmar una declaración de deportación voluntaria o pasar seis meses en prisión.

"Nos dijeron que nos estaban llevando a Holon y que allí podríamos elegir entre acceder a una expulsión inmediata o encarcelarnos durante seis meses. Nos dijo que teníamos hasta que llegásemos a Holon para decidir", ha explicado Jové, según recoge el diario israelí Haaretz en su edición digital.

Una vez en Holon, sede central de la Unidad Oz de la Policía migratoria israelí, fueron interrogadas, principalmente sobre por qué carecían de visado válido, y responsables del Ministerio del Interior israelíes les presentó un documento de deportación voluntaria que se negaron a firmar, según han indicado las dos activistas.

Jové y Chappel fueron arrestadas por tropas israelíes en la  madrugada del domingo en un apartamento de Ramala por estancia ilegal en Israel, pese a que las fuerzas de seguridad israelíes no pueden  penetrar en la Zona A de los territorios palestinos controlados por  la Autoridad Palestina excepto por razones urgentes de seguridad y en persecuciones 'en caliente', casos en los que no se encuadra la caducidad de visados.

La propia Jové describió el asalto en declaraciones desde la  prisión israelí de Ramala, donde se encontraba encarcelada el domingo. "Sobre las 2:30 de la noche los militares abrieron la puerta y entraron. Había entre 15 y 20 soldados que nos apuntaron con sus armas", explicó.

"Nos pidieron nuestros pasaportes y nos pidieron que cogiéramos nuestras cosas y que fuéramos con ellos. Nos maniataron y nos llevaron a Ofer", agregó.

Interrogante judicial

El caso de Ariadna Jové abre un interrogante sobre las actuaciones de Israel en los territorios palestinos ocupados.

El juicio a la activista española y a su compañera australiana obliga al Supremo a dictaminar si el Ejército y la Policía israelíes actúan legítimamente dentro de los territorios palestinos y, en concreto, en el "Área A" de Cisjordania, que los Acuerdos de paz de Oslo dejan bajo control de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Durante la vista, la Fiscalía admitió que el arresto se hizo de forma improcedente, puesto que fueron entregadas a fuerzas del Ministerio de Interior dentro del territorio palestino.

"El juicio paralelo a nuestra detención es intentar frenar estas incursiones ilegales del Gobierno de Israel dentro de Ramala, que es un territorio controlado por la ANP desde que se firmaran los Acuerdos de Oslo en 1993", ha afirmado Ariadna en RNE.

El abogado del ISM, Omer Shatz, considera la decisión judicial "un éxito" y ha resaltado que "la Fiscalía ha admitido que la policía de emigración no tiene autoridad en los territorios ocupados porque sabe cuáles son las implicaciones: significaría que no hay diferencia entre Interior y Exterior y, por tanto, que hay que cambiar las fronteras".

"Que el Ejército israelí entre en Ramala y ejecute la legislación del Ministerio de Interior significa que Israel ha decidido anexionarse los territorios palestinos y, si lo ha decidido, tiene que decirlo el Estado y también el tribunal", ha explicado el abogado, que ha señalado que eso implicaría que "habría que dar la ciudadanía (israelí) y otros derechos" a los palestinos de Cisjordania.