Adicae denuncia a 22 entidades financieras por la cláusula de los suelos hipotecarios
- Muchos hipotecados no se han beneficiado de la bajada el Euríbor por esta práctica
- Los clientes han pagado hasta 2.212 euros de más por esta cláusula "abusiva"
La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, Adicae, ha presentado ante los Juzgados de Instrucción de Madrid una denuncia contra 22 entidades financieras españolas en representación de 239 afectados por las cláusulas "abusivas" que establecen los suelos hipotecarios y que han provocado que los clientes no se hayan beneficiado de la bajada del Euríbor registrada durante 2009.
A su llegada a los juzgados, el presidente de Adicae, Manuel Pardos, ha explicado que "las entidades financieras han aplicado cláusulas abusivas a cientos de familias con el pretexto de que salvaguardaban al cliente de las subidas de las hipotecas".
"Esta ha sido una práctica generalizada durante los últimos tres años", ha apuntado.
Pardos también ha explicado que este es un proceso judicial largo, y que por lo tanto, la mejor solución sería que las entidades llegasen a un acuerdo con los afectados, o que incluso, el Gobierno dictase alguna disposición adicional que suprimiese esta cláusula.
Un millón de afectados en España
Casi un millón de familias españolas podría verse afectada por las cláusulas "abusivas" que impiden a los clientes de hipotecas beneficiarse de las rebajas de los tipos de interés, según ha asegurado Manuel Pardos.
En la demanda, Adicae pide al juez que anule estas cláusulas contractuales y obligue a las entidades financieras a restituir a cada uno de los hipotecados las cantidades que han pagado de más por el diferencial existente entre el porcentaje de suelo establecido en el préstamo hipotecario y la caída del Euríbor.
Así, según Adicae, "cualquier entidad que estableciese una cláusula de suelo del 3% o superior a partir de octubre de 2008, buscaba lucrarse a costa del consumidor, puesto que ya se vislumbraba la bajada de tipos".
Los bancos demandados son BBVA, Banco Castilla, Banco Galicia, Banco Pastor, Banco Popular, Banco Sabadell y Banco Vasconia.
También han sido demandadas varias cajas de ahorros, como Caixa Catalunya, Caja España, Caja Extremadura, Caixa Galicia, Caixa Girona, CAI, Caja Mar, Caixanova, Caja Duero, Caixa Penedés, Cajalon, Caixa Sabadell, Caja Duero, Caja San Fernando, Caja Segovia y Caja Tarragona.
Sin embargo, Pardos ha elogiado que algunos bancos como el BBVA ya han dado "marcha atrás" en algunos de los casos, aunque ha matizado que no lo ha hecho de forma generalizada con todos sus clientes".
Así, considerando una hipoteca media de 200.000 euros a pagar en 30 años, el perjuicio que sufrió un consumidor que revisó su hipoteca en diciembre de 2009 ascendió en función del diferencial establecido (0,5, 0,75, 1, 1,25), a 2.212 euros, 1.915 euros, 1.612 euros y 1.304 euros, respectivamente.
Los clientes que hubieran contratado una hipoteca en febrero de 2008 y revisasen en febrero de 2009, habrían sufrido un prejuicio económico, que considerando el Euríbor más los diferenciales de 0,5%, el 0,75%, el 1% y el 1,25%, sería de 1.124 euros, 806 euros, 483 euros y 153 euros, respectivamente.
La caída del Euríbor agravó el perjuicio a los hipotecados
El perjuicio económico aumentó a partir de enero de 2009, cuando el Euríbor comenzó un progresivo descenso que culminó en noviembre del pasado año, registrando un mínimo del 1,231% desde el máximo del 5,39% alcanzado en julio de 2008.
La última intervención del Banco Central Europeo (BCE) sobre los tipos de interés se produjo en mayo de 2009, estableciendo un tipo del 1%.
Por otro lado, algunos de estos préstamos hipotecarios establecían también "techos" de intereses que protegían al consumidor de una subida del Euríbor de hasta el 15%, cuando este tipo de interés al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas sólo llegó a subir hasta un 9%.
Adicae considera que las entidades financieras impusieron a los clientes estas condiciones que establecía los suelos de intereses y que sólo favorecen a las entidades bancarias, una práctica que vulnera la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, incluida en la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios.