El Gobierno reforma la mediación y al arbitraje para que sus laudos equivalgan a sentencias

• El objetivo es reducir el número de casos que debe asumir la Justicia
• En 2009, la administración de justicia atendió más de nueve millones de casos

El Consejo de Ministros ha aprobado tres anteproyectos de Ley para reformar las figuras de la mediación y el arbitraje con el fin de reducir el número de casos que atiende la Justicia, cuya principal novedad es que los laudos salidos de estos procesos serán equiparables a una sentencia judicial.

Así lo ha explicado el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, tras la reunión mantenida por el gabinete ministerial, señalando que la iniciativa se enmarca en el proceso de modernización de la justicia y en la Estrategia de Economía Sostenible, ya que "la seguridad jurídica y el tiempo de resolución de los conflictos son factores determinantes" para la economía.

Caamaño ha precisado que en 2009 los juzgados españoles asumieron "más de nueve millones de asuntos, una cifra enorme, que incluso la mejor administración de justicia posible tendría problemas para gestionar de manera ágil".

Para reducir el número de casos que se deben atender, el Gobierno pretende impulsar tanto la mediación, en la que un mediador trata de alcanzar un acuerdo entre las partes enfrentadas, como el arbitraje, en el que las partes se someten a la decisión un árbitro sobre el asunto en disputa.

Introducción de la mediación

En cuanto a la mediación, Caamaño ha destacado que en España no existe una normativa general sobre esta figura, por lo que la nueva Ley establece "un procedimiento muy sencillo, muy accesible, muy económico y que, además, en caso de acuerdo, tiene los mismos efectos de una sentencia dictada por un juez". Este procedimiento tendrá un plazo máximo de dos meses.

La norma regulará la figura del mediador, cuya elección "queda a la libertad de quienes se somete a la mediación, dependerá de la naturaleza del asunto a tratar", aunque deberá ser licenciado o estar en posesión de un grado, suscribir la responsabilidad civil e inscribirse en un registro gratuito que gestionará al Ministerio de Justicia.

Para potenciar más la figura, se han establecido unos supuestos en los que será obligatorio acudir a una mediación antes de ir los tribunales; en concreto, para las reclamaciones de cantidades de hasta 6.000 euros. Además,  las reclamaciones de hasta 300 euros, se podrá realizar a través de Internet y seguirán teniendo "la fuerza de una sentencia".

Reforma del arbitraje

En cuanto al arbitraje, Caamaño ha comentado que está regulado por Ley desde 2003, "pero no se utiliza", por lo que la modificación propuesta por el Gobierno trata de potenciar su utilización.

Además de equiparar sus laudos con las sentencias judiciales, se levanta la reserva de actividad, que establecía que sólo los abogados en ejercicio podían ser árbitros, de forma que cualquier profesional podrá ejercer como tal. No obstante, en los colegios de arbitraje -compuestos de tres árbitros- deberá haber siempre al menos un abogado en ejercicio.

El tercer anteproyecto de Ley se refiere a la propia Administración General del Estado, donde se potenciará el arbitraje creando una Comisión Delegada del Gobierno para resolver los conflictos que se den en su seno, comisión que estará presidida por la Vicepresidencia Primera.