Corbacho defiende que se debata el período de cálculo de las pensiones en su reforma

• El ministro de Trabajo ha presentado sus propuestas al Pacto de Toledo
• Sin embargo, no ha precisado la postura del Gobierno sobre la ampliación 

Corbacho quiere debatir el período de cálculo de pensiones

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha defendido que la formula para el cálculo de las prestaciones por jubilación "debe ser objeto de discusión y debate" en el seno del Pacto de Toledo durante el proceso de reforma de las pensiones, aunque sin precisar si el Gobierno pretende ampliar el período utilizado, que actualmente comprende los últimos 15 años de vida laboral.

Corbacho ha presentado ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados el documento de propuestas para esa reforma que el Consejo de Ministros aprobó el 29 de enero y que incluye, como principal medida, el retraso de la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años.

“Sería irresponsable no poner sobre la mesa el incremento de la edad de  jubilación“

"Sería irresponsable no poner sobre la mesa el incremento de la edad de jubilación, pero el Gobierno es consciente de que se trata de un asunto especialmente sensible que debe ser evaluada por los miembros de esta comisión", ha recalcado Corbacho, consciente de que la medida más polémica y la principal razón por la que los sindicatos saldrán a la calle en las principales ciudades de España este martes.

En cuanto a la fórmula para calcular el importe de las pensiones, Corbacho ha subrayado que "el documento no establece ningún aumento del período de cálculo", intentando zanjar así el revuelo generado al incluir una proyección -después retirada- en la estrategia de control del déficit presentada a la Comisión Europea que elevaba el período de cálculo a 25 años.

Sin embargo, el titular de Trabajo ha reiterado que "el Gobierno entiende que debe ser objeto de discusión y debate" para "que refuerce la relación entre el esfuerzo contributivo realizado y la prestación reconocida", y especialmente para "evitar que el procedimiento de cálculo de la pensión de jubilación penalice a los trabajadores que son despedidos al final de su vida laboral".

"No hay propuesta de modificación por parte del Gobierno, pero habrá que introducir algún elemento que corrija esas situaciones. Hay fórmulas para introducir un concepto de equidad", ha recalcado Corbacho, insistiendo en los Gobiernos socialistas "nunca han tomado una medida para rebajar el valor de las pensiones". 

Reducir las jubilaciones anticipadas

Por otro lado, Corbacho ha reiterado la intención del Gobierno de "restringir el uso abusivo de fórmulas de prejubilación anticipada", principalmente limitando las reducciones de plantilla en empresas que tengan beneficios e incrementando progresivamente la edad mínima de jubilación, que en esto momentos se sitúa en los 52 años, así como fomentando la jornada flexible durante los últimos años de la vida laboral.

Esta medida, al igual que la ampliación en dos años de la edad legal de jubilación, pretende "el desplazamiento de la edad efectiva de jubilación", que en estos momento se encuentra en 63 años y 10 meses, por lo que también se pretende "seguir incentivando la prolongación de la vida activa".

El ministro ha defendido también la revisión de la regulación de las prestaciones por muerte y supervivencia y de la pensión de viudedad, en concreto, las pensiones de viudedad en edad temprana o cuando existen rentas del trabajo. Sobre la pensión de orfandad, ha comentado que "parece razonable" dotarle de mayor autonomía respecto a la de viudedad, a través de la asignación de una cuantía determinada que no dependa del número de huérfanos ni del valor de la pensión de viudedad.

En cuanto a las fuentes de financiación de la Seguridad Social, ha comentado que "en términos generales se van a mantener los tipos de cotización". Además, ha apostado por "mejorar la supervisión" de los procesos de baja, especialmente de los de corta duración, que representan casi un 60% del total.

“La viabilidad del sistema de Seguridad Social no está amenazada“

Corbacho ha insistido en que "la viabilidad del sistema de Seguridad Social no está amenazada a corto plazo ni siquiera ante una situación de grave crisis", aunque "esta indiscutible solidez no debe llevarnos a ignorar la necesidad de impulsar reformas a largo plazo para asegurar su sostenibilidad", frente al envejecimiento de la población, por lo que ha insistido en la "necesidad de reformas graduales", que ha calificado de "ambiciosas pero no traumáticas".

Rechazo generalizado

A pesar de que el ministro de Trabajo ha considerado "esencial que todos los cambios normativos cuenten con un doble consenso", en referencia a los grupos políticos y a los agentes sociales, la propuesta del Gobierno sólo ha recabado rechazos entre los grupos parlamentarios.

Así, los grupos parlamentarios de PNV y ERC-IU-ICV han instado a Corbacho a que retire su propuesta para "empezar de cero" la reforma del sistema de pensiones en el seno del Pacto de Toledo, mientras que para el PP, BNG y UPyD la iniciativa del Gobierno no tiene justificación y genera incertidumbre, preocupación y alarma en la ciudadanía.

El diputado del PP Tomás Burgos ha afirmado que en el documento del  Gobierno no hay explicaciones ni argumentaciones de por qué hay que  acometer reformas. El debate se ha abierto de la "peor manera posible",  según Burgos, porque la propuesta conlleva una "enorme problemática  social", ya que está fundamentada en la crisis y no en el envejecimiento  de la población.

Gaspar Llamazares (IU) ha advertido a Corbacho de que su formación no la negociará porque es "radical", supone una "amputación" de derechos, no es "equitativa" ni "gradual", y es un "grave error", razones por las que le pidió que la retire "hoy mismo". Su socio parlamentario Joan Tardá (ERC) considera un "contrasentido" que Corbacho proponga la "estupidez" de subir la edad legal, ya que es "una afrenta y un ataque" contra la sociedad que hay que retirar, porque "no hay derecho a que se meta miedo en el cuerpo" con una "hipotética insostenibilidad" de las pensiones.