El PP propone que los menores condenados pasen a la cárcel cuando cumplan 18 años

• Quiere que, al cumplir los 18, cumplan la pena en prisión y no un centro de internamiento
• Esto ya lo contempla la ley del menor en su artículo 14.2
• Rajoy ha defendido la constitucionalidad de la "prisión permanente revisable"

El Partido Popular propondrá que los menores que hayan sido condenados por delitos cometidos antes de su mayoría de edad, y cuyas condenas no vayan a ser revisadas antes de los 21 años, cumplan el resto de la pena en prisión y no en un centro de internamiento.

Así lo ha anunciado el presidente del PP, Mariano Rajoy, ante el Comité Ejecutivo Nacional de su partido, en la que ha defendido la constitucionalidad de la figura penal de la "prisión permanente revisable" y ha recordado que existe en otros países democráticos como Alemania, el Reino Unido, Francia o Italia.

Estas declaraciones del líder del PP se han producido sólo unos días después de que 'El Rafita', condenado por la muerte de la joven Sandra Palo, sea detenido por cuarta vez durante su libertad vigilada por robar un coche.

La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, fue la primera en hacer esta propuesta a través del Comité de Dirección del PP de Madrid, que aprobó presentar una iniciativa legislativa.

El PP aboga por planes e itinerarios de reeducación

En su propuesta de modificación de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, el PP pretende que los menores de 12 a 14 años que hayan cometido un delito grave se sometan a planes e itinerarios de reeducación.

Asimismo, planteará medidas para reforzar la reeducación de los menores, y para que las víctimas intervengan y sean oídas en los trámites y actuaciones procesales.

Respecto a la prisión permanente revisable, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha dicho al término del Comité Ejecutivo que su partido la defenderá para delitos "especialmente gravosos", dado que sería "plenamente constitucional".

El PP, ha continuado De Cospedal, ve necesaria una reforma general de la justicia penal, dentro del pacto por la Justicia suscrito con el Ejecutivo, para que el sistema acredite y garantice la plena rehabilitación de los delincuentes y permita, al mismo tiempo, la imposición de penas privativas de libertad "permanentes, que sean revisables".

Ha insistido en que no se trata de una "cadena perpetua" puesto que la condena sería "revisable" y se recogería así el mandato constitucional de reeducar y reintegrar al delincuente en la sociedad.