Enlaces accesibilidad

La Audiencia Nacional accede a extraditar a Perú a un supuesto miembro de Sendero Luminoso

  • Juan Manuel Carranza es reclamado por supuesta pertenencia al grupo terrorista
  • La entrega a Perú debe ser autorizada en última instancia por el Gobierno español

Por

La Audiencia Nacional ha accedido a la extradición a Perú del abogado Juan Manuel Carranza, reclamado en ese país por su supuesta pertenencia al grupo terrorista Sendero Luminoso.

La decisión de la sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia es recurrible aún ante el pleno de este órgano y, en cualquier caso, la entrega a Perú del reclamado debe ser autorizada en última instancia por el Gobierno español.

En el auto de la sala, el tribunal considera que se dan todos los requisitos para acceder a la extradición, ya que la conducta que se imputa a Carranza está tipificada como delito tanto en Perú como en España y el supuesto delito no ha prescrito.

Además, los magistrados señalan que, pese a tener la nacionalidad española, Carranza mantiene la peruana, "pues consta que no renunció a la misma en la certificación del Registro Civil", y añaden que la reclamación de Perú no tiene una motivación política.

Miembro desde 1985 de Sendero Luminoso

Carranza está acusado de haber sido miembro desde 1985 del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso y de haber formado parte, bajo los alias de "Raúl" o "Nicolás", del departamento de "Socorro Popular" del grupo terrorista.

Según la documentación presentada por las autoridades peruanas, el reclamado permaneció hasta 1997 integrado en ese departamento, "realizando acciones a favor de la organización Sendero Luminoso".

En una vista celebrada el pasado día 1, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se mostró a favor de la extradición a Perú del abogado, mientras que su defensa se opuso a la misma al considerar que su representado era un "perseguido político" del Gobierno del ex presidente Alberto Fujimori y del actual Ejecutivo peruano.

Por su parte, el propio Carranza aseguró que durante los años 1991 y 1992 formó parte de la Asociación de Abogados Democráticos y se encargó de prestar asistencia letrada a "personas sin recursos" que estaban acusadas de "subversión o terrorismo", por lo que el Gobierno de Fujimori consideró a la asociación como el "brazo legal de Sendero Luminoso".

Ello le obligó a exiliarse en 1996 en Argentina, que le concedió el estatus de refugiado político, y tras dos años allí se estableció en España, donde trabajó primero en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y desde hace dos años en la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid.