Venezuela "atenta" contra la democracia y los derechos humanos, según la OEA

• Critica la intolerancia política y las restricciones a la libertad de expresión
• Los periodistas y sindicalistas, entre los más perseguidos por el Estado

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que el Gobierno de Venezuela "atenta" contra la democracia y los derechos humanos, pues existen "serias restricciones" al pleno uso de esas garantías en el país andino.

En su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, publicado este miércoles, la CIDH afirma que la intolerancia política, la falta de independencia de los poderes del Estado, las restricciones a la libertad de expresión y a la protesta pacífica, la hostilidad hacia los disidentes, la violencia y la impunidad "limitan seriamente la vigencia" de los derechos en ese país.

"En Venezuela se ha atentado contra uno de los pilares básicos de los sistemas democráticos, como es el respeto de los derechos fundamentales de los individuos bajo los principios de igualdad y no discriminación", recalca la Comisión en el esperado documento que tiene 322 páginas.

En el informe "Democracia y Derechos Humanos en Venezuela", el primero que la CIDH elabora enteramente sobre este país desde 2003, con excepción del que incluye cada año en el Capítulo IV de su informe anual, el organismo dice además que Caracas ha adoptado una actitud de "rechazo" hacia las recomendaciones de organizaciones internacionales alegando que contravienen la soberanía nacional.

Punto de partida para futuras sanciones

La CIDH, que ha tenido que elaborar el análisis sin haber podido visitar Venezuela, ante la negativa del Gobierno a autorizarla, es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que actúa en representación de todos los países miembros de la OEA.

Con el informe, la CIDH da la voz de alarma sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y el documento podría servir a la OEA para plantearse por primera vez iniciar seriamente un debate en torno a sus denuncias y estudiar qué consecuencias tienen en virtud de lo estipulado en la Carta Democrática Interamericana.

La Comisión afirma que en Venezuela no existe una efectiva separación e independencia de los poderes públicos en Venezuela, no se ha garantizado a todas las personas el pleno ejercicio de sus derechos con independencia de su posición frente al Gobierno y se utiliza el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política.

También indica que en Venezuela no existen las condiciones para que los defensores de derechos humanos y los periodistas ejerzan libremente su labor y existe un patrón de impunidad en los casos de violencia, que afecta particularmente a los comunicadores sociales, defensores de derechos humanos, sindicalistas, manifestantes, presos, campesinos, pueblos indígenas y a las mujeres.

La CIDH considera preocupante que, a través de mecanismos como la inhabilitación política de candidatos o la modificación de competencias de ciertas autoridades hasta vaciarlas de contenido, se hayan restringido en Venezuela los derechos políticos a quienes mantienen una línea crítica del Gobierno.

La Comisión subraya que en general los ciudadanos y organizaciones que expresan su disenso son víctimas de represalias, intimidación, descalificación, exclusión, discriminación laboral e incluso son perseguidos por la justicia y privados de su libertad.

Los periodistas, los más perseguidos

La CIDH observa con "preocupación" que en los últimos años se hayan adoptado importantes reformas al marco jurídico que tienden a cerrar y no a promover el debate público.

Denuncia los "numerosos actos de violencia e intimidación" de grupos de choque contra periodistas y medios de comunicación, las descalificaciones vertidas por funcionarios de alto rango, y la apertura sistemática de procesos administrativos fundados en normas legales vagas que permiten un alto nivel de discrecionalidad al momento de ser aplicadas y sanciones desproporcionadas.

La CIDH considera "alarmante" las veces que se han denunciado o comprobado ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, amenazas de muerte, abusos de autoridad y tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de agentes estatales.

La represalia contra el disenso, los ataques contra los defensores y los periodistas, la represión de la protesta pacífica, los abusos de la fuerza estatal, el crimen común y organizado, la violencia ejercida en las cárceles y contra la mujer, y otras graves violaciones de derechos humanos, suelen quedar impunes, asegura.

La CIDH considera que la falta de independencia y autonomía del poder judicial "constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana" y ha permitido que se utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta pacífica y perseguir penalmente a los disidentes, agrega.