La euroorden de protección a las víctimas, prioridad de la presidencia, encalla en Bruselas

• La CE ve problemas a la hora de armonizar las legislaciones comunitarias

La ambiciosa orden europea de protección a las víctimas tendrá que esperar a 2011. Es el plazo que se ha marcado la Comisión Europea para conseguir "armonizar" las legislaciones judiciales y administrativas de los 27 en esta materia.

Así lo ha explicado la comisaria de Justicia, Viviane Reding, que ha reconocido que la iniciativa "cuenta con todo mi apoyo" porque "las mujeres están esperando que Europa actúe".

De lo que se trata con esta inciativa, apoyada por 12 Estados, es de lograr que las medidas de protección que se dicten en un país, sirvan en el resto de la Unión Europea y por tanto se garantice la libertad de movimientos.

Las dificultades

Cada Estado tiene una legislación distinta en esta materia. De hecho en muchos de ellos las medidas las dicta una autoridad administrativa y no judicial. De ahí que haya grandes dificultades técnicas y jurídicas a la hora de situar en un plano de igualdad todas las decisiones tomadas.

Durante el debate de los ministros de Justicia en el Consejo celebrado en Bruselas, se han puesto de relieve los principales puntos de discrepancia: si debe cubrir sólo los procedimientos penales,o también los administrativos y civiles; si prima la medida dictada en el Estado emisor, o se deja flexibilidad para buscar la que más se aproxime a la del Estado recepor.

También se ha debatido sobre las medidas que se podrían dictar, como por ejemplo la prohibición de acceder a las localidades donde resida la persona protegida. Algo que han criticado países como Suecia, que no contempla esta medida en su legislación.

En definitiva, de lo que se trata es de evitar que una persona que tenga una medida civil, pueda encontrarse en la cárcel si pasa a otro Estado donde la legislación sea más dura. Por eso Reding se ha comprometido "a seguir trabajando" y calcula que en 2011 podrá presentar una propuesta legislativa que culmine en una directiva comunitaria -y por tanto de obligado cumplimiento-.

España no tira la toalla

Consciente de las dificultades que se han puesto de relieve, la presidencia española va a seguir trabajando, aunque ha rebajado sus expectativas. Ha pasado de querer aprobar el proyecto, a buscar "un acuerdo vinculante" durante el semestre tal y como ha adelantado el ministro de Justicia, Francisco Caamaño.

En lo que sí ha habido coincidencia en el debate ha sido en la necesidad de adoptar este instrumento lo antes posible, ya que el 45 por ciento de las mujeres europeas ha sido agredida en algún momento de su vida, según datos de la comisaria Reding.

Sólo en 2008 se dictaron en el conjunto de la UE 118.000 medidas de protección para víctimas, y aunque no hay datos sobre movilidad de las personas agredidas dentro de la UE, si sólo fuera un 1 por ciento, estaríamos hablando de 1.800 casos al año.

Equipos de investigación cojuntos

Sí ha habido acuerdo en el Consejo de ministros de Justicia a la hora de aprobar la creación de equipos conjuntos de investigación "para mejorar" la resolución de distintos casos.

Además han estudiado, tal y como ha detallado Caamaño, la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos -que se espera poder hacer en los próximos meses- y la futura directiva de interpretación y traducción durante los juicios.

Algo que ahora se va a consultar al Parlamento, después de haber escuchado las propuestas que tenía que hacer la Comisión a este respecto.