España pide una "explicación" a Venezuela, que califica de "inaceptable" la acusación sobre ETA

• Zapatero dice que el Gobierno "actuará" según las "explicaciones" que dé
• Caracas tilda de "inaceptable" el auto que le acusa de apoyar a ETA
• El ministro de Exteriores venezolano llama a Miguel Ángel Moratinos
• Chávez lo califica de "tristes recuerdos y rezagos de un pasado colonial"

España pide explicaciones a Venezuela por su supuesta vinculación con las FARC

España ha pedido explicaciones a Venezuela sobre su supuesto apoyo a ETA y las FARC para organizar atentados contra el actual presidente colombiano, Álvaro Uribe, y su antedecesor, Andrés Pastrana. Caracas ha calificado de "tendenciosa" e "inaceptable" la acusación de la Audiencia Nacional, por su parte. "Son tristes recuerdos y rezagos de un pasado colonial", ha asegurado Chávez.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha explicado, este lunes por la tarde desde Alemania, que el Ministerio de Exteriores ha hecho la "oportuna gestión" ante el Gobierno de Venezuela para que "dé una explicación" ante el procesamiento por parte de la Audiencia Nacional de seis etarras y siete miembros de las FARC por intentar atentar en España u otro país europeo.

Zapatero ha añadido que "lógicamente" están a la espera de esta explicación y que en función de ésta y de las manifestaciones que realice el Gobierno de Venezuela, "actuará el Gobierno de España".

La Audiencia Nacional ha pedido a los ministerios de Asuntos Exteriores y del Interior que intercedan para conseguir que el Ejecutivo de Hugo Chávez coopere con la Justicia española.

Venezuela califica de "tendenciosa" la acusación

Horas después de la explicación de Zapatero, el Gobierno de Venezuela ha calificado de "tendenciosa" e "inaceptable" la acusación de un juez español de que hay indicios de "cooperación" entre el Ejecutivo de Hugo Chávez y la alianza entre ETA y las FARC.

En el auto del juez español "se hacen señalamientos inaceptables, de naturaleza y motivación política sobre el Gobierno venezolano", sostiene un comunicado, al que tuvo acceso Efe en Montevideo, donde Chávez asiste a la investidura del presidente uruguayo, José Mujica.

El presidente venezolano ha calificado de "rezagos de un pasado colonial" la denuncia. "Eso son restos todavía, tristes restos, de las antiguas cadenas que algunos quisieran colgarnos de nuevo aquí al cuello, pero nosotros somos libres", ha asegurado en el acto ante un grupo de periodistas.

Chávez responde a la acusación RNE

Según la nota, en el auto judicial "se hace referencia a un ciudadano que vive en Venezuela desde el mes de mayo de 1989, como producto de los acuerdos alcanzados por Carlos Andrés Pérez y Felipe González", entonces presidente venezolano y jefe del Ejecutivo español.

Aunque el comunicado no lo identifica, aparentemente se refiere a Arturo Cubillas, un presunto etarra que junto a los miembros de las FARC Edgar Gustavo Navarro Morales y Víctor Ramón Vargas Salazar fue procesado este lunes por el juez español Eloy Velasco y que trabajó para el Gobierno de Chávez.

"Sorprende que en ningún momento se menciona el nombre de los autores de este acuerdo", agrega el texto de la Cancillería venezolana.

El juez español, que procesó a varios miembros de ETA y de la guerrilla colombiana de las FARC por su presunta colaboración para atentar en España contra altos cargos de Colombia como el presidente Álvaro Uribe, asegura que hay indicios de la "cooperación" del Gobierno de Venezuela en esa alianza.

La nota oficial venezolana critica que "el juez se toma la molestia de referirse reiteradamente y de manera irrespetuosa al presidente de los venezolanos, Hugo Chávez, haciendo señalamientos tan tendenciosos como infundados acerca del Gobierno bolivariano".

Según Caracas, las acusaciones del magistrado "son producto de la utilización de archivos contenidos en el computador supuestamente incautado a 'Raúl Reyes'", número dos y portavoz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fallecido en un ataque colombiano a un campamento de esa guerrilla en territorio de Ecuador hace dos años.

"Resulta también sorprendente que el juez resucite la desgastada farsa del computador, que ya ha pasado a formar parte del folclore político colombiano", agrega el documento de la cancillería venezolana.

El ministro venezolano llama a Moratinos

Según la nota oficial, el ministro de Exteriores venezolano, Nicolás Maduro, que se encuentra con Chávez en Montevideo, se comunicó con su colega español, Miguel Ángel Moratinos, y le "recordó el acuerdo de 1989, por el cual el ciudadano en cuestión reside en Venezuela a petición del Estado español".

Agrega que en la comunicación Maduro "repudió los señalamientos infames de este juez español y reiteró el profundo apego a los valores democráticos y humanistas que caracterizan al Gobierno Bolivariano de Venezuela".

Fuentes de la Cancillería venezolana dijeron a Efe en Montevideo que la conversación entre Moratinos y Maduro fue "cordial" y que quedaron en seguir en contacto por este asunto.

La oposición califica de "deporable" el posible vínculo

La oposición venezolana ha considerado este lunes que sería "deplorable" y "sumamente grave" una supuesta "cooperación" de Venezuela con las FARC colombianas y la banda terrorista ETA, tras la denuncia hecha al respecto por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

"Que existan supuestos vínculos del Gobierno Nacional (de Venezuela) con la guerrilla colombiana de las FARC y ETA, sería un acto absolutamente deplorable e inaceptable", ha explicado a Efe Tomás Guanipa, secretario general del partido Primero Justicia (PJ).

En declaraciones en la sede caraqueña del partido, el dirigente opositor ha exigido asimismo al Gobierno venezolano "dar una respuesta a estas acusaciones". "Esperamos que esas acusaciones no sean ciertas por lo que implicaría para Venezuela", ha añadido.

Ha agregado, no obstante, que "para nadie es un secreto que en estos años de gobierno de (el presidente Hugo) Chávez las FARC han hecho en Venezuela lo que les ha dado la gana".

Los desencuentros con Caracas por ETA

El auto en el que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco afirma que hay indicios de la "cooperación" del Gobierno de Venezuela con la alianza formada por ETA y las FARC ha vuelto a enturbiar las relaciones entre España y ese país, donde residen desde hace años decenas de miembros de la banda terrorista.

Ya en abril de 1996 Venezuela reconoció la llegada, entre 1984 y 1990, de unos 25 miembros de ETA procedentes de Argelia, Francia y Panamá como resultado de los acuerdos firmados con los Gobiernos de esos países. Los etarras vivían en Venezuela como "huéspedes vigilados", pero no como asilados.

El número aumentó posteriormente debido a las trabas puestas por el gobierno de México a la presencia de miembros de ETA en su territorio, lo que aumentó la cifra de etarras en Venezuela hasta los 35, según informaron fuentes diplomáticas españolas en 2002.

Seis extraditados en dos décadas

El convenio de extradición entre los dos países entró en vigor el 30 de septiembre de 1990 y, desde entonces, han llegado a España expulsados desde Venezuela seis presuntos miembros de ETA, el último de ellos José Ramón Foruria Zubialdea, Foru, el 25 de septiembre de 2003.

España solicitó por primera vez a Venezuela la entrega de un miembro de ETA en 1996, cuando pidió formalmente la extradición de Eugenio Barrutiabengoa y Miguel Ángel Aldana Barrena, que habían llegado al país suramericano como "huéspedes vigilados".

Las peticiones de extradición han provocado desde entonces diferencias entre Madrid y Caracas, ya que la Justicia venezolana ha denegado varias a lo largo de los últimos años.

El incidente más importante tuvo lugar en 2006, cuando el colectivo de apoyo a los presos de ETA Askatasuna anunció que el Gobierno venezolano se había comprometido con los etarras Lorenzo Ayestarán -detenido este domingo en Francia-, Ángel Aldana, Jesús Urteaga y Eugenio Barrutiabengoa a "facilitar los trámites" para concederles la nacionalidad, lo que les permitiría evitar su extradición.

El acuerdo incluía el pago de indemnizaciones a otros dos -Sebastián Etxaniz y Juan Víctor Galarza- que habían sido expulsados a España en 2002, pero poco después de hacerse público el Gobierno venezolano anunció que había dejado sin efecto el compromiso.

También en 2006, la ciudadana venezolana Goizeder Odriozola, esposa del presunto miembro de ETA Arturo Cubillas, fue nombrada directora del despacho del Ministerio de la Presidencia de la República.

A raíz de ese nombramiento, varios medios de comunicación informaron de que su marido ocupaba desde octubre de 2005 un cargo en el Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela.

Cubillas, responsable de ETA en América

Cubillas aparece en el auto notificado este lunes por el juez Velasco como "responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde 1999, encargándose de coordinar las relaciones con las FARC".

Él fue uno de los cinco etarras cuya detención pidió a finales de 2008 la Fiscalía de la Audiencia Nacional por dar y recibir cursos sobre el uso de explosivos en la selva de Colombia a miembros de las FARC y del Frente de Liberación Bolivariana (FLB).

Ese mismo año tuvo lugar un nuevo incidente que tensó las relaciones entre los Gobiernos español y venezolano, cuando un grupo de desconocidos lanzó dos bombas lacrimógenas contra el muro que rodea la sede de la Embajada de España en Caracas y realizó varias pintadas con el logotipo de ETA y con lemas utilizados por la banda.

El último episodio relacionado con la presencia de ETA en Venezuela se produjo a raíz de la detención en ese país el 25 de abril del año pasado del presunto etarra Iñaki Echeverría Landazabal, acusado del intento de asesinato en 1981 en Bilbao del periodista Gerardo Huezo.

El 5 de agosto de 2009, el Tribunal Supremo venezolano rechazó extraditarle a España al estimar prescrito el delito que se le imputaba.