El presidente del Senado propone que en enero y julio no haya vacaciones parlamentarias

• Rojo (PSOE) quiere que estos dos meses sean hábiles para celebrar plenos
• El PP está de acuerdo si se incluyen las sesiones de control al Gobierno

El presidente del Senado, Javier Rojo, saluda al presidente del Congreso, José Bono, en una imagen de archivo.

Hace apenas un mes sus señorías volvieron de las vacaciones de navidades. Ahora es el Senado el que propone recortar las vacaciones parlamentarias.

El presidente de la Cámara alta, Javier Rojo, ha propuesto a los portavoces de los grupos políticos habilitar los meses de julio y enero para que haya también plenos, según han explicado a Efe fuentes del Senado.

La iniciativa ha partido del propio presidente del Senado, quien la ha presentado este martes por la mañana a los grupos en la reunión de la Junta de Portavoces. Rojo les ha propuesto discutirla la próxima semana, cuando vuelvan a reunirse los órganos de gobierno de la Cámara Alta.

De momento, la propuesta ha sido aceptada ya por el grupo popular, siempre que se habiliten estos dos meses para sesiones plenarias completas, es decir, incluyendo la sesión de control al Gobierno, según fuentes de este grupo.

Por parte del PSOE se ha referido a este asunto el portavoz en el Congreso, José Antonio Alonso, quien ha recalcado que su grupo es partidario de trabajar "el mayor tiempo posible", por lo que estarían "encantados" de que aumentase la actividad parlamentaria, dentro del límite que establece la Constitución.

Alonso ha recordado que el Congreso encargó hace un año un informe a los servicios jurídicos de la Cámara para, dentro del límite establecido en la Constitución, aumentar la actividad parlamentaria.

Al igual que el Congreso, el Senado tiene actividad parlamentaria en dos periodos ordinarios de sesiones al año: de septiembre a diciembre y de febrero a junio, tal y como establece el artículo 73 de la Constitución.

Durante esa época, la Diputación Permanente es el máximo órgano que funciona en cada Cámara, y la que decide si debe llevarse a cabo cualquier tipo de convocatoria extraordinaria.