Un jurado popular declara culpable por unanimidad al acusado por el crimen de Bellvitge

La Fiscalía aumenta su petición de condena

Tras la lectura del veredicto, el ministerio público ha elevado ligeramente su petición de condena hasta los 105 años y seis meses, las penas máximas por cada uno de los delitos, y ha solicitado que, dada su "gran peligrosidad social y sus escasas posibilidades de reinserción", se le imponga el cumplimiento íntegro de la condena hasta un máximo de 40 años.

La fiscalía ha justificado su petición por  las "circunstancias concretas" en que cometió los delitos, su condición de multirreincidente y la violencia y desprecio con que actuó contra las policías.

El doble asesinato

Los hechos ocurrieron el 5 de octubre de 2004, cuando el acusado tomó el Metro en Barcelona y sobre las 06.00 de la mañana se bajó en la estación de Bellvitge, en L'Hospitalet. Dos horas después, vio a Silvia N., una agente de Policía en prácticas de 28 años que se dirigía a su domicilio, en la Rambla Marina, tras pasar la noche de servicio en la comisaría de Castelldefels (Barcelona).

Las dos policías aparecieron muertas a puñaladas y con signos de haber sido víctimas de abusos sexuales. Eran dos agentes en prácticas del Cuerpo Nacional de Policía, Aurora R.G. y Silvia N.G., ambas procedían de León y compartían un piso en el barrio de Bellvitge de L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona) donde ocurrió el crimen y que después fue incendiado.

En su veredicto, el tribunal popular ha considerado probado que Pedro Jiménez abordó la mañana del 5 de octubre a una de las policías, Silvia N., en la portería del edificio y, tras lograr entrar en la vivienda de las víctimas, las ató de pies y manos, las amordazó y violó a Maria Aurora R.G.

Posteriormente, mantiene el jurado popular, el acusado asesinó a cuchilladas a ambas chicas, aumentando deliberadamente su padecimiento cuando aún estaban vivas, profanó el cadáver de Silvia N. y abandonó la casa, llevándose algunas de sus pertenencias y provocando un incendio en el piso.

Finalmente, el tribunal ha considerado también que el acusado es culpable de un delito de quebrantamiento de condena, por no haber regresado a prisión tras el permiso penitenciario que se le concedió y haber huido a Girona, donde acabó siendo detenido.