La Audiencia Nacional ordena detener a 12 presuntos miembros de ETA y las FARC

• El juez pide el arresto de los etarras cobijados en Venezuela y Cuba

El juez Eloy Velasco ha cursado ya las órdenes internacionales de detención contra varios miembros de ETA y de las FARC refugiados en Venezuela y Cuba. Los presuntos terroristas fueron procesados hace dos semanas por colaborar para intentar atentar contra altos cargos colombianos  en Madrid, entre ellos el  presidente del país suramericano, Alvaro Uribe y su antecesor Andrés Pastrana.

Fuentes jurídicas han precisado que el magistrado de la Audiencia Nacional cursó la semana pasada órdenes de detención contra los seis presuntos etarras procesados, entre ellos Arturo Cubillas Fontan, quien ha ocupado un cargo en la Administración del Gobierno de Hugo Chávez,  y seis  miembros de las FARC procesados.

El juez no ha ordenado la detención internacional de los otros dos integrantes de las FARC citados en el auto, porque uno de ellos ha muerto, aunque el magistrado levantará su procesamiento cuando reciba la notificación oficial de su fallecimiento. Tampoco ha cursado orden de detención de la única mujer procesada, Remedios García Albert, que está localizada en España tras ser detenida el pasado julio.

Los procesados viven en Venezuela y Cuba

Estos 12 procesados viven en Venezuela y Cuba por lo que habrá que  esperar a la respuesta de las autoridades venezolanas y cubanas  a las  órdenes de detención.

En el caso de que los procesados sean detenidos,  el juez Velasco solicitaría al Gobierno español que comenzará los  trámites para las extradiciones.

Además en el auto se acreditó la colaboración entre ETA y FARC para el adiestramiento militar en los campamentos que la guerrilla tiene en la selva venezolana.

El pasado día 1 Velasco procesó a Cubillas y a los miembros de las FARC  Edgar Gustavo Navarro Morales y Víctor Ramón Vargas Salazar por un  delito de conspiración para cometer homicidios terroristas, mientras que  a los presuntos etarras José Ignacio Echarte Urbieta, Ignacio Domínguez  Achalandabaso y José María Zaldua los imputó un delito de tenencia de  explosivos, del que también acusó a Cubillas.

Por colaboración con organización terrorista procesó a José Ángel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio y a los miembros de las FARC Emiro del Carmen Ropero, Rodrigo Granda, Luciano Martín y Omar Arturo Zabala.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional procesó también por colaboración con banda armada a García Albert, que ya fue detenida el 26 de julio de 2008 y un día después quedó en libertad bajo fianza de 12.000 euros por orden del juez Baltasar Garzón, que la acusó de colaboración o posible integración en organización terrorista.

Para evitar que se dupliquen las actuaciones contra García Albert, el juez Velasco pidió a su compañero una copia de las diligencias que éste tiene abiertas en su juzgado para ver si debe inhibirse o no a favor de él, por lo que, según han indicado las mismas fuentes, tiene previsto retrasar la toma de declaración  a esta procesada, fijada para el próximo 24 de marzo.

Cubillas ocupó un cargo en el gobierno de Hugo Chávez

Velasco señala a Cubillas, que fue nombrado en 2005 director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela como "responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde 1999, encargándose de coordinar las relaciones con las FARC".

El Ejecutivo español ha enviado al Gobierno de Cuba, además de al de Venezuela, una copia del auto de procesamiento del juez por sus sospechas de que los interlocutores que ETA tenía con las FARC estuvieran residiendo en la isla.

Dos presuntos etarras podrían estar refugiados en Cuba

La investigación del magistrado le lleva a Cuba ya que Urtiaga Martínez, considerado el primer interlocutor con la guerrilla colombiana, estaría residiendo en la isla, donde además se sospecha que también vive Arrugaeta San Emeterio, al que Velasco apunta como sustituto de Urtiaga en los contactos con las FARC para continuar la experimentación con artefactos explosivos.