El juez Pedreira no levantará el secreto de Gürtel hasta que se resuelva sobre las escuchas

• No se prevé que esto pueda ocurrir esta semana
• La Sala de lo Civil y Penal del TSJM delibera otra vez este martes
• Los abogados advierten de que todo el proceso puede estar en peligro

El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, no levantará el secreto de sumario hasta que se resuelva sobre la legalidad de las escuchas practicadas en prisión a los imputados, sobre lo que delibera desde hace una semana la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJM, según informaron a RTVE.es fuentes judiciales.

Aunque en un principio estaba previsto que Pedreira levantara el secreto sumarial en esta semana, después de que se prorrogara por un mes más el pasado 24 de febrero, en ningún caso se prevé que eso suceda esta semana, ya que el juez instructor esperará a la resolución sobre las escuchas antes de proceder por su pudiera producirse la anulación de esas escuchas, cuyo contenido está en la instrucción.

La Sala de lo Civil y lo Penal del TSJM ya se reunió la semana pasada para deliberar sobre la legalidad de las escuchas y lo volverá a hacer mañana martes, con lo que si finalmente hubiese una resolución este martes, el juez Pedreira aún necesitaría dos o tres días para dictar su auto sobre el secreto sumarial, según las fuentes.

La Sala delibera sobre los 23 recursos interpuestos por los abogados defensores de los imputados contra las intervenciones de las comunicaciones que mantuvieron en prisión que ordenó el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón cuando comenzó a instruir el caso Gürtel, aunque luego se inhibió en marzo de 2009 al haber indicios contra aforados nacionales y autonómicos. Los letrados alegaron que las intervenciones de las comunicaciones entre un interno y sus abogados sólo pueden producirse en casos de terrorismo.

El juez Pedreira avaló en primera instancia estas escuchas, que se realizaron al considerado responsable de la trama, Francisco Correa, y sus dos  principales colaboradores, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, y sus respectivos abogados. Precisamente, por ordenar estas escuchas el juez Baltasar Garzón tiene abierta una querella en el Tribunal Supremo, una de las tres por las que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudia si suspenderle o no.

Varias prórrogas del secreto

Desde que el juez Pedreira levantara el pasado 28 de septiembre una parte  del secreto del sumario en el  que mantiene imputadas a  cerca de 70 personas, se ha prorrogado cinco veces el secreto sobre el resto de las actuaciones. Se estima que la instrucción del caso Gürtel, en lo que afecta al TSJM, se compone de unos 60.000 folios, de los que unos 17.000 ya se hicieron públicos en ese primer momento.

No obstante, cuando lo decida, el magistrado no levantará el secreto de la totalidad del sumario, pues se exceptuará todo lo que afecta a las 15 comisiones rogatorias que se han practicado y lo que afecte a la intimidad de los imputados.

Legales "si hay indicios" contra el letrado

Según informa Servimedia, las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia (JpD) han defendido este lunes la legalidad de las escuchas de conversaciones telefónicas entre abogados y clientes siempre que "haya indicios" de que el letrado puede ser cómplice del delito.

Por su parte, la Asociación Profesional para la Magistratura (APM) se limitó a pedir que se deje al tribunal que decida "sin presiones y sin inducir discursos catastrofistas".

El portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, ha declarado a Servimedia que los abogados "no son inmunes", por lo que si el letrado "es sospechoso de ser cómplice o encubridor de un delito, perfectamente se pueden realizar las escuchas telefónicas e intervenir las conversaciones entre abogado y detenido".

En el mismo sentido, el portavoz de JpD, Ignacio Espinosa, ha añadido que el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite realizar las escuchas entre abogados y clientes. A su juicio, esto no limitaría las escuchas exclusivamente a delitos terroristas, como defienden dos de los jueces del TSJ de Madrid partidarios de dejar sin efecto procesal las grabaciones del caso Gürtel.

Por su parte, el portavoz de la APM, Antonio García, ha dicho a Servimedia que "no se debe realizar ningún tipo de discurso que induzca al tribunal a decantarse en un sentido o en otro" a la hora de decidir si se declaran o no ilegales las intervenciones telefónicas.

García añadió que "no hay que enredar alrededor del tribunal" y que se debe esperar a la resolución del TSJM "con calma y con respeto, pero con un respeto no retórico, sino verdadero y creíble".

"La decisión que el tribunal tome finalmente será basada en lo jurídico y firmemente asentada en la aplicación de la ley y en el respeto al texto constitucional", manifestó el portavoz de la APM.

La teoría del árbol envenenado

Según fuentes jurídicas citadas por Europa Press, la posibilidad de que se declare ilegal parte o todas las escuchas telefónicas practicadas por Garzón a los cabecillas de Gürtel y sus abogados en prisión, podría poner en peligro la totalidad del proceso en el que se investiga la trama de corrupción ligada a administraciones del PP al producirse la  denominada teoría de los frutos del árbol envenenado. 

Esta teoría se fundamenta en que todos aquellos medios de prueba que, aún siendo lícitos, tienen su origen en los resultados que se obtienen a partir de una actuación ilegal, son ineficaces y, por tanto, no gozan de ninguna virtualidad en el proceso judicial.

Los magistrados  Francisco Javier Vieira, José Manuel Suárez  Robledano y Emilio  Fernández, de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJM, son los que deben decidir sobre la legalidad de las escuchas y redactar un auto en el que se motivará la decisión alcanzada. En el caso de que se decrete la nulidad de las conversaciones, los abogados defensores podrían solicitar la nulidad de otras pruebas como declaraciones solicitadas a raíz de las intervenciones  realizadas en la cárcel, en base a la citada teoría de los frutos del árbol envenenado. 

El abogado Ignacio Peláez, que defiende a José Luis Ulibarri, ha explicado a Europa Press que en el caso de su cliente, su imputación se basa precisamente en la conversación que mantuvo en Soto del Real con Correa, Pablo Crespo y sus letrados cuando acudió en condición de abogado expresamente llamado. 

"Fui a preparar mi estrategia de defensa porque se relacionaba a mi  cliente con Correa y Crespo. Nunca sospechamos que se nos podía estar  grabando. El contenido de la charla se utilizó para imputar a mi  cliente, tal y como aparece en el atestado policial", ha indicado Peláez,  quien ha adelantado que si se anulan las conversaciones solicitará que se  levante la imputación sobre su patrocinado. 

"Me da rabia que algunos medios nos critiquen por querer anular el  proceso, pero la culpa es de Garzón y de las fiscales por permitir la   ilegalidad de estas escuchas. La Fiscalía debe velar por la legalidad de las actuaciones, más aún cuando los abogados no podemos acceder a la  causa. Si se anula, es por culpa del juez y las fiscales", ha aseverado.