El Congreso aprueba priorizar la prestación de servicios sociales a las personas dependientes

• El acuerdo contaba con el apoyo de todos los grupos salvo el PP
• El Gobierno deberá presentar un estudio con el empleo creado hasta ahora

Todos los grupos del Congreso de los Diputados salvo el PP, que se  abstuvo, han apoyado al acuerdo alcanzado esta mañana entre el PSOE y  CiU para priorizar la prestación de servicios sociales a las personas en situación de dependencia frente a la concesión de ayudas económicas. Se trata de una iniciativa que permita  crear empleo.

El portavoz socialista, Luis Carlos Sahuquillo, ha asegurado que "poco  a poco irá ajustándose" el desfase que existe entre los servicios  sociales y las prestaciones económicas que se conceden.

También ha destacado que la entrada en vigor de la Ley de Dependencia "ha supuesto  que el empleo en el sector de servicios sociales haya crecido un 22  por ciento".

Abstención del PP

Por su parte, la portavoz del PP, Lourdes Méndez, ha asegurado que la  falta de financiación "está pervirtiendo el funcionamiento de la ley"  y ha agregado que "no existen fondos suficientes" para garantizar que las  familias puedan decidir el tipo de ayuda que quieren recibir. Méndez ha añadido que esta es una situación debería solucionar el Gobierno socialista.

El texto aprobado por el Congreso fue transaccionado entre  socialistas y nacionalistas catalanes a raíz de una moción presentada  por CiU. En el documento, que incluye una decena de medidas, se insta  al Gobierno a estudiar --en el marco de las conversaciones en el  Palacio de Zurbano entre el Ejecutivo y los grupos parlamentarios--  el sector de la dependencia como fuente de creación de empleo. 

Cambiar el modelo

El portavoz de CiU, Carles Campuzano, ha destacado que el sector de la  dependencia es un nicho de empleo que debe ser potenciado para en  estos momentos de crisis económica. CiU considera que se debe cambiar  el modelo de desarrollo actual de la Ley de Dependencia, "en el que  se está primando las ayudas económicas a los cuidadores familiares  frente a los servicios", ya que "si se desarrollara la prestación de  servicios sociales se crearía mucho empleo en el sector".

   El Congreso también ha reclamado al Ejecutivo que estudie el  "tratamiento fiscal" que se da a los servicios asociados a la Ley de  Dependencia. En su propuesta inicial, CiU pedía que se redujera del 7  al 4 por ciento el IVA que se aplica a estas prestaciones,  reclamación que no ha sido aceptada por el PSOE.

   La Cámara Baja también pide al Gobierno que "estudie la política  de bonificaciones para la contratación de ayuda a las familias", lo  que a su juicio sería una "vía de generación de empleo y de  reocupación de personas que se hallan en situación de paro".  

 Estudio del empleo creado

Asimismo, el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero deberá  presentar un estudio sobre la generación de empleo que ha supuesto la  aprobación de la Ley de Dependencia hasta la fecha, y sobre las  medidas estructurales que deben de adoptarse para generar una oferta  de servicios suficiente y de calidad para los próximos años".

El Congreso ha demandado también que  se impulse un acuerdo con los  agentes y las comunidades autónomas para facilitar la formación,   selección y contratación de trabajadores, y que se desarrollen los  mecanismos que permiten reconocer la experiencia profesional de los  trabajadores de este sector.

El congreso ha instado  Ejecutivo a que "continúe trabajando" en la  elaboración de un plan para reducir los plazos de pago del sector  público en relación a las empresas mercantiles y organizaciones del  tercer sector.

 La Cámara ha exigido que a la hora de distribuir los  recursos económicos a las comunidades autónomas se tenga en cuenta  "la renta de las personas, el nivel de vida y el coste que supone la  prestación de servicios" en cada autonomía.