La Comisión Europea abre un segundo expediente a España por la financiación de RTVE

• Solicita información sobre la tasa a las empresas de telecomunicaciones
• El primero analiza si la financiación es una ayuda de Estado no permitida
• El Gobierno afirma que "no le sorprende" e insiste en que el modelo es legal

La Comisión Europea (CE) ha decidido enviar a España una solicitud oficial de información sobre la nueva aportación a cargo de los operadores de telecomunicaciones para compensar la supresión de la publicidad de pago en Radiotelevisión Española (RTVE), la segunda relacionada con el nuevo sistema de financiación del ente público.

"A la Comisión le preocupa que este nuevo gravamen sobre los operadores de telecomunicaciones pueda ser incompatible con las normas de la UE. Esta aportación parece afectar indebidamente a los operadores de telecomunicaciones, pudiendo limitar sus inversiones en nuevas redes y servicios avanzados y penalizando en definitiva a sus clientes", señala la comisaria de Agenda Digital, la holandesa Neelie Krooes, en un comunicado.

Se da la circunstancia de que Krooes fue quien abrió, cuando ocupaba la comisaría de Competencia, el primer expediente a propósito del nuevo sistema de financiación del ente público, que investiga si la financiación constituye una ayuda de Estado incompatible con los tratados comunitarios. El segundo, anunciado este jueves, consiste en un procedimiento por supuesta infracción a la legislación europea sobre telecomunicaciones.

Procedimiento similar al de Francia

La Comisión aplica así al nuevo sistema de financiación de RTVE el mismo escrutinio que al modelo de financiación de la televisión pública en Francia, en el que se inspira el español, y al que también se le han abierto dos expedientes. El Gobierno francés aprobó en mayo de 2009 la legislación que elimina la publicidad de la televisión pública francesa, que pasará a financiarse, en parte, con tasas a los operadores.

Según ha explicado el portavoz comunitario de Agenda Digital, Jonathan Todd, Bruselas cree que la tasa impuesta a los operadores de telecomunicaciones "parece no estar relacionada con los costes derivados de la supervisión reglamentaria", sino que ha sido introducida simplemente para cubrir la pérdida de ingresos derivada de la supresión de la publicidad.

El nuevo modelo, que entró en vigor en septiembre, suprime la publicidad en TVE y obliga a los operadores de telefonía a contribuir a la financiación de la televisión pública con el 0,9% de sus  ingresos, a las cadenas privadas a aportar el 3%, y a las de pago el 1,5%.

La apertura del expediente adopta la forma de una carta de emplazamiento, primera fase de un procedimiento de infracción. El Gobierno tiene ahora un plazo de dos meses para responder a la denuncia de Bruselas y, si los argumentos de España no le convencen, la Comisión podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

El Gobierno, convencido de su legalidad

El Gobierno español ha defendido en todo momento que el modelo de financiación de RTVE se atiene a la normativa europea y a finales del pasado año mantuvo encuentros con la Comisión para explicar en profundidad sus detalles.

Este jueves, fuentes de Vicepresidencia Primera han asegurado que el  expediente "no ha sorprendido al Gobierno, porque la Comisión lo único  que hace es dar trámite a una petición de los operadores, que habían presentado nuevas alegaciones", como ya actuó de oficio cuando  se aprobó el propio modelo de financiación.

En este sentido, han reiterado su convencimiento de la legalidad del nuevo modelo de financiación de RTVE y la seguridad de que Bruselas así lo considerará finalmente, a pesar del expediente abierto a raíz de la denuncia de las teleoperadoras.

"La simple apertura de este expediente no significa prejuzgar en modo alguno que la financiación tenga algún problema", afirman desde Moncloa. "El Gobierno está convencido de que la norma se ajusta plenamente a la normativa comunitaria y confía en que Bruselas cerrará el expediente sin más consecuencias".