El Gobierno ultima un decreto-ley con las medidas más urgentes contra la crisis

• El Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Economía Sostenible
• El objetivo es cambiar el patrón de crecimiento económico de aquí a diez años
• Pide al PP una "actitud constructiva" y "voluntad de acuerdo"

El Consejo de Ministros se reúne en Sevilla para aprobar el proyecto de Ley de Economía Sostenible

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado que el Ejecutivo está ultimando un documento con las medidas más urgentes contra la crisis que quiere que cuente con el consenso del resto de grupos parlamentarios y convertirlo en un decreto-ley. Este anuncio se une a la aprobación este viernes del proyecto de Ley de Economía Sosteniblecon la que se pretende cambiar el patrón de crecimiento económico y para la que Zapatero también quiere el máximo acuerdo en el Parlamento.

Ese texto se enviará la semana próxima a todos los grupos parlamentarios y es fruto de las reuniones para la búsqueda de un pacto anticrisis celebradas en el último mes en el Palacio de Zurbano. El decreto-ley incluiría medidas como el apoyo al crédito, la rehabilitación de viviendas y el fomento del empleo, así como otras que los partidos han considerado perentorias.

Así, el presidente ha pedido en especial al PP una "actitud constructiva" y, en concreto a Mariano Rajoy, le ha instado a que "lea a fondo" la Ley y tenga "la mejor voluntad para acordar". En este sentido, ha puesto como "buen ejemplo" de "acuerdos, austeridad y cooperación" el acuerdo sobre la reducción del gasto farmacéuticoalcanzado en el Consejo Interterritorial de Sanidad entre Gobierno y comunidades autónomas.

Zapatero ha hecho estos anuncios al término del Consejo de Ministros, que se ha celebrado de forma extraordinaria en Sevilla, y de cuyos acuerdos ha informado en una comparecencia conjunta con el presidente andaluz, José Antonio Griñán, a la vez que ha rechazado que esta cita andaluza se pudiera tachar de electoralista y ha destacado que responde al compromiso de "saldar" la deuda histórica con Andalucía,  que se cifró en 1.204 millones de euros, 420 en efectivo y el resto en activos y solares.

Pese a esa voluntad de "recorrer el camino con acuerdos" en esta materia económica, el presidente ha advertido que, aunque no los logren, el Gobierno adoptará las medidas económicas que considera "imprescindibles".

Ley "para el presente y para el futuro"

Según ha explicado el presidente, el objetivo de la Ley de Economía Sostenible es cambiar el modelo productivo en un horizonte de diez años, orientándolo hacia los sectores potencialmente más productivos y generadores de empleo, y disminuyendo progresivamente el peso del sector constructor.

Ha defendido que se trata de una ley "para el presente y para el futuro", ya que, primero pretende contribuir a la recuperación económica y a la creación de empleo y, segundo, a establecer un "nuevo patrón de crecimiento".

Los aspectos de la Ley de Economía Sostenible

El texto con contiene, en principio, cambios con respecto al anteproyecto aprobado el pasado 27 de noviembre, después de que el Gobierno lo haya debatido con los agentes sociales, los partidos políticos y las comunidades autónomas, aunque Zapatero no ha dado detalles en su comparecencia.

Una serie de medidas que van desde un mayor control a los ejecutivos de las grandes empresas a la desgravación por rehabilitar nuestra vivienda o por usar transporte público, o a la posibilidad de crear una empresa en un solo día.

Según lo establecido en el anteproyecto, la ley incluirá reformas en los organismos reguladores, los mercados financieros, la contratación en el sector público y la creación de empresas, lo que estará acompañado de incentivos fiscales a las empresas innovadoras y sostenibles, así como a la rehabilitación de vivienda.

La norma está acompañada de un Fondo de Economía Sostenible de hasta 20.000 millones de euros, en vigor desde el 1 de enero y gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que aportará 10.000 millones de euros, en tanto que la otra mitad se movilizará en el sector privado.

Con este presupuesto se financiarán actividades sostenibles que avancen en el cambio de modelo productivo a través de cuatro instrumentos: un fondo de inversiones de capital en infraestructuras, uno de capital riesgo, una línea de préstamos o avales a empresas y una línea específica de préstamos para rehabilitación de viviendas a particulares.

De acuerdo con el anteproyecto, la ley tiene entre sus objetivos establecer una regulación económica eficiente y un marco normativo estable con un bajo nivel de cargas administrativas, para que tanto la constitución de empresas como la contratación con las administraciones públicas sea más ágil.

En esta línea, el texto propone reducir la composición de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y Comisión Nacional de la Competencia (CNC), a un presidente y cuatro consejeros.

También incluye que las sociedades cotizadas estén obligadas a poner a disposición de los accionistas las retribuciones de los consejeros y que se voten en la Junta General.

Garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas

Por otra parte, el Ejecutivo quiere garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, involucrando a la administración autonómica y local en el cumplimiento de los objetivos marcados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea.

Por ello, el anteproyecto de ley incluye la obligación de que los ayuntamientos informen cada tres meses de su situación presupuestaria y de los pagos pendientes.

Para luchar contra la morosidad en las empresas, obliga a las administraciones públicas a pagar en 30 días, un plazo que sube a 60 días en las transacciones privadas.

En materia fiscal, se aumentará la deducción en el impuesto de sociedades para las actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) del 8 al 12 %, mientras que la desgravación por proyectos medioambientales subirá del 4 al 8%.

En lo que respecta a la bonificación fiscal por la compra de vivienda habitual, a partir de 2011 se limitará a las rentas inferiores a 24.107,20 euros, pero se equiparará fiscalmente el tratamiento del alquiler al de adquisición y se creará una deducción del 10% (con un máximo de 3.000 euros al año) para las obras de rehabilitación.