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La minera Rio Tinto también tiene problemas en China

  • Cuatro directivos de la empresa anglo-australiana, juzgados por sobornos
  • El juicio causa temor a las empresas extranjeras presentes en China

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El gigante minero Rio Tinto también ha tropezado con la justicia de China. Cuatro de sus directivos en el gigante asiático, uno de ellos de nacionalidad australiana, están acusados de aceptar sobornos y robar secretos comerciales. El juicio ha comenzado este lunes sin la presencia de la prensa extranjera, a la que se prohíbe la entrada.

En la primera sesión, el alto ejecutivo australiano, Stern Hu, ha reconocido ante el tribunal que le juzga en Shanghai que admitió sobornos, según ha confirmado un diplomático de su país presente en la vista.

Hu fue detenido junto a otros tres ejecutivos chinos de la compañía, en julio del año pasado. A Hu se le acusa de haber aceptado dos sobornos por valor de 110.000 euros en el primer caso y de 585.000 euros en el segundo. Los sobornos imputados a los otros tres son por cantidades más pequeñas. Además, a los cuatro se les acusa de robar secretos comerciales.

Este proceso se suma a los problemas que están encontrando en China otras empresas occidentales, como la estadounidense Google, que este lunes podría anunciar su salida del gigante asiático después de denunciar ataques de hackers chinos contra su buscador.

Detenido en medio de una negociación

Stern Hu era el negociador principal de la empresa anglo-australiana Rio Tinto en las conversaciones abiertas con los responsables de la minería china para fijar el precio de compra del gigante asiático para el mineral de hierro procedente de la minería de Australia.

Un mes antes de su detención, Hu había descartado un acuerdo valorado en casi 15.000 millones de euros con Chinalco, la empresa controlada por Pekín, y había comenzado a negociar con su rival BHP Billiton. Pero después de esa ruptura, las relaciones entre Rio Tinto y Chinalco han mejorado, e incluso han firmado hace una semana un acuerdo para explotar conjuntamente una enorme mina de hierro en Guinea.

El delito de espionaje comercial está castigado en China con hasta siete años de prisión, una pena similar a la que corresponde a los cargos por aceptar sobornos.

Temores de Australia

El Ministerio de Exteriores y Comercio de Australia se ha mostrado  decepcionado por la decisión de los tribunales chinos de prohibir a sus  diplomáticos asistir a las sesiones del juicio que aborden las  acusaciones de espionaje comercial. El abogado chino del ejecutivo  australiano sí podrá estar presente  durante todo el juicio.

El primer ministro australiano, Kevin Rudd, ha recordado este lunes a  Pekín que su gobierno "vigilará el juicio con mucha atención". Sus  declaraciones llegan después de las advertencias de las autoridades  chinas a Canberra para que no "politizara" el proceso.

El cónsul general de Australia, Tom Connor, que ha asistido a la vista de este lunes, ha informado a la prensa de que Stern Hu "ha reconocido como ciertas algunas de las cantidades de esos sobornos".

A pesar del juicio contra sus empleados, el director ejecutivo de Rio Tinto, Tom Albanese, ha asegurado que su empresa sigue interesada en reforzar sus relaciones con China, el mayor cliente de la empresa minera. Desde un congreso empresarial en el que participa en Pekín, Albanese ha reconocido que este caso les causa "gran preocupación", aunque asegura que espera "con respeto el resultado del proceso judicial chino".

China necesita grandes cantidades de materias primas, incluido el hierro y el acero, para que su economía siga funcionando y pueda mantener su increíble crecimiento.

Sin embargo, en los últimos meses, varias empresas extranjeras -sobre todo, estadounidenses- han mostrado serios recelos por la inseguridad legal en China en casos relacionados con información comercial o industrial y que, en un momento determinado, Pekín puede considerar "sensible".

Poco antes del comienzo de este juicio a los directivos de Rio Tinto, una encuesta realizada entre empresarios estadounidenses muestra que un tercio considera que el sistema legal y la regulación empresarial china los discrimina frente a las compañías de ese país.