El CGPJ rechaza apartar a su presidente Dívar de la decisión sobre la suspensión de Garzón

• El alto órgano de los jueces rechaza la petición de la nieta de Negrín
• Carmen Negrín dijo que Dívar podría incurrir en falta de imparcilidad

El Tribunal Supremo cita al juez Garzón para que declare como imputado el 15 de abril

El Consejo General del Poder Judicial ha rechazado apartar al presidente de éste órgano, Carlos Dívar, en la tramitación de la suspensión cautelar del juez Baltasar Garzón, recusación planteada por la nieta del presidente del Gobierno de la II República y los abogados que se querellaron contra el magistrado.

Así lo ha acordado este martes la comisión permanente del Consejo, según han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces. El CGPJ estima que tanto la nieta de Juan Negrín (1937-1945), Carmen Negrín, como los letrados José Luis Mazón y Antonio Panea no son parte en el procedimiento.

Negrín pidió que Dívar se abstuviera de decidir sobre la suspensión de Garzón mientras el Tribunal Supremo tramita tres querellas contra él porque en su día juró lealtad a Francisco Franco.

Falta de imparcialidad

En una carta dirigida a Dívar, Negrín afirmaba que éste puede incurrir en falta de imparcialidad porque, cuando ingresó en la carrera judicial, tuvo que jurar lealtad al dictador y una de las causas por las que podría acordarse la suspensión de Garzón es precisamente por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo.

Por su parte, los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea, que se querellaron contra Garzón por los cobros que éste recibió durante su estancia en la Universidad de Nueva York, recusaron a Dívar por su "amistad" con el magistrado de la Audiencia Nacional.

Mazón y Panea alegaron también que, "según informaciones publicadas", Dívar "está retardando en todo lo posible la suspensión cautelar de Garzón o los trámites para decidirla como consecuencia de esta relación de simpatía o amistad labrada con Garzón cuando era su jefe".

Ambos letrados ya intentaron recusar a los vocales del CGPJ José Manuel Gómez Benítez, Pío Aguirre y Miguel Carmona para que se abstuvieran de participar en la tramitación de la suspensión cautelar de Garzón, pero el Consejo también rechazó su petición porque no son parte en el procedimiento.

Organizaciones humanitarias una denuncian  "persecución" contra Garzón

Varias organizaciones de derechos humanos han denunciado este martes la "persecución orquestada" contra el magistrado Baltasar Garzón, porque "no es normal que a un juez se le persiga porque haya otros jueces que disientan" de su interpretación de la Ley.

Así lo ha manifestado el secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Luis Guillermo Pérez Casas, después de haber entregado, junto al magistrado de la Corte de Casación francesa Louis Joinet y el director de la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH), Francisco Soberón, una carta a las autoridades españolas "en solidaridad" con el juez Garzón.

En la misiva, que va acompañada con la firma de 59 organizaciones y más de 150 juristas, abogados, jueces y académicos, se solicita que se sobresea el proceso penal abierto a Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo y que se reconozca que las actuaciones del juez español supondrían "una evolución muy importante para el derecho internacional".

"Puede que los responsables" de los crímenes del franquismo "estén muertos y que haya una ley de Amnistía, pero las víctimas existen y los familiares también", ha denunciado Joinet, que además ha señalado que es necesario investigar para que estas personas "ejerzan su derecho a saber la verdad".

El magistrado francés también ha asegurado durante su intervención que la acusación de prevaricación "transforma al juez en un delincuente", y ha catalogado de "incomprensible" que, en cuestiones relacionadas con el franquismo, "el único juzgado penalmente sea Garzón" y no los autores de los crímenes.

El contenido de la carta hace especial hincapié en las desapariciones forzadas por ser un crimen "de consumación permanente que se sigue cometiendo hasta que no se establezca el paradero de las víctimas" y resalta que "ciertamente el juez Garzón actúa en su obligación con la Justicia y con los derechos humanos".