La Audiencia de Barcelona establece una fianza de 500.000 de euros para la ex directora general del Palau, Gemma Montull

• El tribunal ha mantenido libertad provisional para la imputada
• Es la única fianza impuesta, de momento, por el Caso Palau de Música

La Audiencia de Barcelona ha mantenido en libertad provisional a  Gemma  Montull,  imputada por el desvío de fondos del Palau de la Música, aunque le ha impuesto una fianza de 500.000 euros y la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado.

Montull,  principal imputada por el saqueo del Palau de la Música junto a su padre, Jordi Montull, y Fèlix Millet, ex presidente de la entidad, declaró como imputada el pasado 30 de noviembre ante el juez que instruye el caso, que acordó dejarla en libertad con cargos sin ni siquiera retirarle al pasaporte, como sí hizo con los otros dos encausados.

En un auto, la sección quinta de la Audiencia de Barcelona ha estimado parcialmente el recurso que presentaron la Fiscalía y las acusaciones particulares contra la decisión del titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Juli Solaz, de dejar en libertad a la imputada, sin imponerle ninguna medida cautelar.

El tribunal impone a Montull, ex directora financiera del Palau de la Música, una fianza de 500.000 euros, y según el auto el dinero deberá ser depositado en 15 días naturales desde la notificación a su procurador. Es la única fianza que por ahora se ha fijado a alguno de los imputados por el desvío del Palau de la Música, y, además de retirarle el pasaporte, la obliga a comparecer cada semana en el juzgado.

No obstante, la sección quinta de la Audiencia barcelonesa no estima que exista riesgo de ocultación, alteración o destrucción de pruebas ya que la imputada no está relacionada actualmente con la entidad musical.

Fianza acorde a su "situación social"

La Audiencia de Barcelona, que en su día confirmó la libertad provisional sin fianza de Jordi Montull y Fèlix Millet, ha aplicado otros criterios respecto a Gemma Montull y para seguir en libertad le exige una elevada fianza, acorde a su "situación social" y del interés que podría tener en eludir a la justicia.

En opinión del tribunal, en el caso de Gemma Montull no existe en sí mismo un riesgo de fuga,  pero éste se deriva de la gravedad de los hechos que se le imputan y que, según la Audiencia, podrían suponer estafa y delito fiscal, además de apropiación indebida, falsedad documental y malversación de fondos públicos.

También considera que no puede descartarse que todas o algunas de las acciones que atentan contra el patrimonio del Palau de la Música se califiquen como actos de estafa "que han perjudicado a una generalidad de personas", lo cual supone un límite máximo de pena de prisión de 18 años.

En relación con la calificación jurídica de la participación de Gemma Montull en estos delitos, el tribunal estima que "ya existen indicios suficientes para considerar que intervino dolosamente como coautora o cooperadora necesaria y no como cómplice".

Como directora de contabilidad con labores de asistencia a la dirección,  Gemma Montull hubiera podido impedir la actuación presuntamente  delictiva de su padre y de Fèlix Millet y, sin embargo, actuó en forma  contraria y habría favorecido "de forma muy importante" la apariencia de  que la gestión de los fondos de las instituciones era la correcta.

Asimismo, se destaca en el auto las obras que se realizaron en el domicilio de la hija de Jordi Montull por valor de 12.950,73 euros y que se facturaron con cargo a la Fundación, según se incluye en el informe realizado por la Dirección General de la Policía de noviembre del pasado año.

Montull recurrirá el auto

Por su parte, la ex directora financiera del Palau de la Música Gemma Montull ha anunciado este viernes que presentará un recurso de nulidad contra el auto de la Audiencia de Barcelona porque considera que atenta a sus derechos fundamentales y no es proporcional.

En un comunicado, el abogado de Montull, Jesús-María Silva Sánchez, ha anunciado la interposición de un recurso de nulidad contra el auto, al tiempo que no ha descartado acabar interponiendo un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Según el abogado, el auto supone para Gemma Montull una vulneración de su derecho a la igualdad y una violación del derecho a la libertad, ya que también cree que no respeta el principio jurídico-penal de proporcionalidad.

Montull, principal imputada por el saqueo del Palau de la Música junto a su padre, Jordi Montull, y Fèlix Millet, ex presidente de la entidad, declaró como imputada el pasado 30 de noviembre ante el juez que instruye el caso, Juli Solaz, que acordó dejarla en libertad con cargos sin ni siquiera retirarle el pasaporte

El expolio del Palau de la Música

La esposa de Millet administraba las empresas  Bonoima y Aysen Producciones S.L., unas sociedades sin actividad alguna  ni apoderados que habrían servido para canalizar el desvío de fondos del  Palau de la Música, y fundamentalmente del Orfeó Català, mediante  facturas falsas o la elaboración de estudios sin contenido.

Por su parte,  Mercedes Mir figuraba como  administradora de la empresa Aurea S.A., que también permitió el  desvío de fondos y, junto a Bonoima, sirvió para que Millet y  Montull se autoadjudicaran jugosas remuneraciones extras con ocasión de  la celebración del centenario del Palau de la Música.

Precisamente, el pasado 10 de septiembre, una vez iniciado el proceso  judicial contra Fèlix Millet y Jordi Montull, estos dos  imputados acudieron al notario para comprar, respectivamente, a sus  esposas 3.005 acciones de Aysen Producciones S.L., y 1.503 de Aurea S.A.

De esa forma, los principales imputados por el desvío de fondos se  convertían en administradores de las empresas investigadas, en una  maniobra que buscaría desvincular a sus cónyuges del saqueo del Palau de  la Música.

Por otra parte, la imputación del ex secretario de la Fundación Palau  de la Música-Orfeó Català obedece a que presuntamente era quien  custodiaba el original del libro de actas de las juntas en el que, según  mantienen Millet y Montull, se acordó el derecho de los ex directivos  del Palau a cobrar unos "bonus" extraordinarios en reconocimiento a su  gestión al frente de la entidad.