La Policía desarticula una red de proxenetismo que operaba en Cataluña

• La red operaba con más de cien mujeres procedentes del este de Europa y Sudamérica
• Cada mujer tenía que abonar 300 euros cada tres semanas por ser explotada

Golpe policial contra una importante red de proxenetas en Cataluña

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización internacional dedicada a la explotación sexual de mujeres en Cataluña, que habría forzado a prostituirse a más de cien mujeres procedentes del Este de Europa y Sudamérica,  ha informado el Cuerpo Nacional de Policía.

El grupo estaba formado por ciudadanos españoles, lituanos y brasileños y el amplio dispositivo policial, desplegado el pasado día 15 de marzo, ha permitido la detención de 28 de sus integrantes.

Además se han practicado un total de 15 registros en Tortosa, Tarragona, Altafulla, Vilanova i la Geltrú, Barcelona, Sabadell y Melilla, en los que se han intervenido más de 40 teléfonos móviles, equipos informáticos, 5 vehículos, un velero, 14.000 euros en efectivo y abundante documentación.

La investigación, que se inició tras un comunicado de la Europol de Lituania en el que alertaba sobre la existencia de una organización que explotaba sexualmente a mujeres en distintos inmuebles de Cataluña, ha contado con el apoyo de las policías de Lituania y Brasil.

Los primeros datos obtenidos por los agentes españoles permitieron verificar la información aportada, así como localizar diversos prostíbulos en diferentes localidades catalanas.

De forma paralela se logró poner al descubierto el funcionamiento de la red, que contaba con una clara jerarquía y reparto de funciones entre sus integrantes.

Al frente de la red se encontraba un ciudadano de nacionalidad española quien, presuntamente, dirigía diversas empresas cuya misión era ocultar y enmascarar los beneficios obtenidos con el ejercicio coactivo de la prostitución.

Actuaba en coordinación con otros individuos, de nacionalidades española, lituana, brasileña y ucraniana, afincados en diferentes localidades de Tarragona y Barcelona, que gestionaban y controlaban los prostíbulos.

Estos también colaboraban en la captación de las víctimas en sus países de origen y en su traslado hasta España.

Los investigadores lograron acreditar que las víctimas de la red, todas ellas extranjeras, eran explotadas en al menos ocho inmuebles diferentes donde había un total de 40 mujeres.

Estos prostíbulos funcionaban las 24 horas y contaban con una gran afluencia de clientes.  Cada mujer permanecía unos 21 días en cada casa de citas y tenían que abonar 300 euros en concepto de "plaza",  dinero que perdían si abandonaban el inmueble.

Durante ese periodo no podían salir a la calle salvo el tiempo y a las horas que les permitían. Una vez que finalizaban los 21 días tenían que pagar por una nueva plaza, circunstancia que aprovechaba la organización para "moverlas" entre los diferentes burdeles.

Las mujeres tenían que soportar sanciones económicas y agresiones físicas si no cumplían las normas impuestas por la organización, ha informado la policía. Dormían hacinadas en una habitación en pésimas condiciones de sanidad e higiene.

Los investigadores han verificado la existencia de al menos tres sociedades utilizadas por la red para dar apariencia de legalidad a sus actividades.

Asimismo, han comprobado que contaban con diversos locutorios para realizar los envíos del dinero obtenido al extranjero así como la participación de una asesoría que llevaría la contabilidad de sus actividades.