El Tribunal de Cuentas decide investigar el gasto de la frustrada medalla de Aznar

• Los denunciantes acusan al Gobierno de entonces de desviar fondos públicos
• Mantienen que aprobó el contrato con una empresa con el fin de conseguir la medalla

El Tribunal de Cuentas ha traslado a su Sección de Enjuiciamiento las diligencias de investigación que abrió en febrero pasado para esclarecer el gasto de 2,3 millones de euros que el Gobierno de José María Aznar aprobó el 26 de diciembre de 2003, al objeto de suscribir un contrato con la empresa norteamericana Piper Rudnick para gestionar la frustrada concesión al ex presidente de la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos. 

En un auto hecho público este lunes, el tribunal traslada las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento con el fin de que ésta proponga a la Comisión de Gobierno el nombramiento de un delegado instructor que dirija la investigación. 

La apertura de una investigación, que fue acordada el pasado 3 de febrero por el Departamento Tercero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, responde a la denuncia interpuesta por los abogados José Luis Mazón y Encarnación Martínez y la Asociación Preeminencia del Derecho, que ya emprendieron anteriormente acciones por estos hechos tanto penales como contencioso-administrativas, si bien en ambos ámbitos las pesquisas fueron archivadas.

Posible desvío de fondos públicos

Una denuncia dirigida a los integrantes del Consejo de Ministros que en su reunión del 26 de diciembre de 2003 "tomaron el acuerdo de gasto de 2,3 millones de euros para suscribir un contrato con la empresa norteamericana 'Piper Rudnick'".

En la providencia de febrero, que recogía la denuncia de los abogados, se añadía que "supuestamente" el Gobierno, en ese Consejo de Ministros, "desvió una parte" del importe del citado contrato a "promocionar la concesión al señor Aznar" de una Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos.

El Tribunal de Cuentas reabrió así las diligencias preliminares por esta denuncia y trasladó la documentación al Ministerio Fiscal y al abogado del Estado para que formularan sus alegaciones.

Según indican los abogados en su denuncia, ese contrato del Consejo de Ministros se hizo "por el procedimiento de imperiosa urgencia", por lo que se omitieron otras ofertas.

Una sociedad gestionó la consecución de la Medalla

Añaden que en los servicios que incluía ese contrato, y que por tanto debía cumplir la sociedad 'Piper Rudnick', aparecen "las actividades dedicadas a la consecución de una Medalla de Oro" a Aznar por el Congreso de Estados Unidos, algo que no estaba previsto en la contratación.

Sobre tales actividades, indican los denunciantes, hay dos facturas, pero si en la primera figuraba la gestión de la concesión de la Medalla, en la segunda tal cometido queda omitido y a él se alude como "asuntos del Congreso".

Los abogados Mazón y Martínez iniciaron un proceso contencioso-administrativo por considerar que para la obtención de la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos "no debían utilizarse medios públicos" al ser ésta una "aspiración personal" de Aznar.

Debido al "silencio administrativo", los abogados recurrieron a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo, aunque ambas instituciones desestimaron el recurso.

Los abogados, además, comenzaron un proceso penal ante lo que creen un delito de malversación de fondos públicos, que no obstante no admitió un Juzgado de Madrid y después otras instancias judiciales.