Detuvimos a los piratas... ¿y ahora qué?

• El vacío judicial en torno al delito de la piratería empaña las acciones de Atlanta
• España trabaja en recuperar en el código penal este delito
• Algunas voces apuntan a la creación de un Tribunal Internacional
• Otras creen que optar por esta opción significa desentenderse del problema

Si difícil es atrapar a los piratas en el Indico, dado las extensas superficies de agua a rastrear y los escasos medios desplegados, no resulta menos complejo llegar a juzgarlos. El principal problema se centra en la desaparición del delito de piratería en muchos códigos penales, por lo que presentar cargos contra estos delincuentes del mar se vuelve muy complicado. De los 800 piratas detenidos en el primer año de la operación atalanta, solo medio centenar se han sentado en el banquillo.

"Los criminales tienen un riesgo muy bajo de llegar a ser detenidos y es bastante complicado que les terminen imponiendo una condena tan dura como para que no les merezca la pena intentarlo", explica Félix Arteaga, investigador principal en temas de Defensa y Seguridad del Real Instituto Elcano.

A día de hoy son tres las opciones que tiene los integrantes de Atalanta tras detener a los delincuentes que operan en éstas, las aguas mas peligrosas del mundo. La primera opción es entregarlos al país de la bandera bajo la que navega el buque secuestrado, una posibilidad que no termina de ser muy eficiente ya que en muchas ocasiones la bandera del barco no coincide con la del país donde tiene su base el armador.

Acuerdos con los países ribereños

La segunda alternativa es enviar al pirata al país de procedencia de la fragata que los ha arrestado. Es decir, si una barco de guerra galo da caza a un grupo de piratas, estos pueden ser trasladados a Francia para ser juzgados allí.

"Esta opción resulta engorrosa en cuanto a la logística, dado que esa fragata debe trasladar a puerto a los detenidos, con lo que deja de realizar su labores de vigilancia y rastreo y hay que buscarles relevos. Además, es lento y muy caro enviarlos a Europa", explica Arteaga.

Al ver la nula operatividad de estas dos primeras opciones, los ministros de Defensa de la UE se esfuerzan en firmar acuerdos con los países de la zona, para que los piratas sean juzgados en sus territorios. De ahí la colaboración con las islas Seychelles o con Kenia, desde marzo de 2009.

"Kenia es un país que sí tiene reconocido en su código penal el delito de piratería y además tiene interés en erradicar esta lacra en la zona", argumenta Jorge Julio Urbina, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Santiago de Compostela.

“No basta con detenerlos, para juzgarlos hay que pillarlos in franganti“

"A estos países que acogen a piratas detenidos se les da incentivos económicos para compensar todo el gasto que se les origina, para que construyan cárceles o centros de detención de acuerdo con los estándares europeos que aseguren una mínimas garantías procesales", justifica Arteaga, que reconoce que tarde o temprano vivirán la saturación si persiste la escalada de acciones piratas.

"No basta con detenerlos para poder llevarlos a Kenia. Hay que pillarles con suficientes medios de prueba, con bidones de gasolina, armas o escaleras, para que estos países que colaboran con Atlanta accedan a juzgarlos en su territorio", asegura Arteaga.

Sin embargo, Kenia ha anunciado hace pocos días que dejará de acoger detenidos, dado que sus cárceles están llenas de presuntos piratas a la espera de ser juzgados.

Además de Seychelles o Kenia, se trabaja en involucrar en esta lucha a más países de la zona y se busca cerrar acuerdos con isla Mauricio, Mozambique o Tanzania. Otra región a la que se está enviando detenidos es a Puntlandia. Éste es un caso relativamente curioso dado que se trata de un autoproclamado estado de Somalia.

"Quizás países como Francia en ocasiones han decidido enviar a esta región a algún detenido porque es una de las zonas más desarrolladas de todo Somalia y porque su situación ¿ocupa el extremo del llamado Cuerno de África- es estratégica para proceder a la entrega pero no abandonar las labores de rastreo", fundamenta Urbina.

Códigos penales obsoletos

Al margen de a quién se entrega el delincuente detenido y en qué país será juzgado, la gran preocupación se centra en saber qué delito se le puede llegar a imputar, dado que en países como Francia o España -dos de las naciones con más flota pesquera faenando en el Índico- estos crímenes no están tipificados en el código penal.

La reforma de la Ley de Puertos y Marina Mercante que se hizo en la década de los 90 derogó la última legislación vigente en España que entendía como delito la piratería. Ahora se está trabajando, en la actual reforma del código penal, para arreglar este vacío legal en el que se han visto, por ejemplo, los dos piratas que fueron detenidos por el secuestro del pesquero español Alakrana y que 'sólo' pueden ser acusados de retención ilegal de personas.

“La reforma del código penal español recuperará el delito de piratería“

Pero la nueva legislación en España, que está en fase de redacción de enmiendas, chocará frontalmente con la conocida como 'constitución de los océanos' o Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho en el Mar, que desde 1982 es la máxima legislación internacional sobre delitos marítimos.

"La ley que se prepara no es conforme a las leyes internacionales, ya que el delito en la tipificación española es mucho más amplio y difuso. Por ejemplo, en el Convenio de las Naciones Unidas la piratería se circunscribe a aquellos delitos que se hacen en alta mar, mientras que en España no se va a delimitar ningún espacio", razona Urbina.

La 'Constitución de los océanos'

En su artículo 101, la 'constitución de los océanos' -suscrita por 157 países entre los que figura España- describe la piratería como "todo acto legal de violencia o de detención [...] contra un buque o aeronave en alta mar".

El texto en el que trabaja el Ministerio de Justicia español prevé "penas de prisión de entre 1 a 3 años si no hay violencia y de entre 10 a 15 años con violencia" para todo aquella opción encaminada a "apoderarse, dañar o destruir un aeronave o un buque", "atentar contra personas, cargamento o bienes que se hallen a bordo de las mismas", o para que cuando "en ocasión de la persecución de una conducta de este tipo se resista o desobedezca a un buque de guerra o aeronave militar".

"Es muy distinto como entiende la piratería el derecho internacional de cómo lo va a hacer nuestra legislación. En el derecho internacional no se entiende la piratería contra plataformas en alta mar, por ejemplo", explica Urbina.

¿Tribunal Internacional contra la piratería?

Ante la inviabilidad de dar una respuesta judicial acorde a la piratería en el Índico, surgen voces partidarias de crear un Tribunal Internacional destinado a juzgar este tipo de delitos, una opción que algunos interpretan como una "dejación de funciones" por parte de los gobiernos.

"Se ha hecho una propuesta para que los piratas de todo el mundo sean juzgados en la Corte Penal Internacional, algo que desde mi punto de vista viene a ser quitarse un problema de encima. ¿Qué pintan los piratas en La Haya? ¿Qué ocurre con los países que no reconocen la Corte Penal Internacional? ¿Quién lo costeará?", explica Urbina, experto en derecho internacional público.

“Algunos expertos se preguntan: ¿Qué pintan los piratas en La Haya?“

No está de acuerdo, sin embargo, el principal investigador en temas de Defensa y Seguridad del Real Instituto Elcano, Félix Arteaga, para quien esta opción supondría ahorrar muchos costes. "Creo que facilitaría bastante las cosas que dado que la piratería no es un problema anclado en el Golfo de Adén, sino que se trata de un problema universal", argumenta.

Poco interés por solucionar el problema en Somalia

"Lo que es seguro es que sería mucho menos costoso que lo que implica tener tantos efectivos patrullando las costas. El principal inconveniente sería el tiempo, dado que abrir un tribunal internacional llevaría mucho tiempo", razona Arteaga.

Atajar el problema en tierra para que no se extienda al mar. Ésta es la principal conclusión a la que se llegan estos dos expertos que alertan del desentendimiento con el que la comunidad internacional ha abordado la situación en Somalia.

"No se puede enfocar el problema de la piratería desde el mar. Es el resultado de la convulsión política en la que está anclado el estado de Somalia. Este problema, que se prolonga desde 1991, no despierta una implicación real de la comunidad internacional y así es muy difícil acabar con los criminalidad que nace en tierra para convertirse en piratería en alta mar", concluye el profesor Urbina.