José Castro, un juez veterano que no hace declaraciones

• Instruye la causa contra Jaume Matas
• Es aficionado a las motos y al futbol y partidario de un lenguaje no farragoso

El juez José Castro es un veterano de la carrera judicial aficionado a las motos, un deporte de riesgo que abandonó tras vender la suya al entender que la velocidad conlleva peligros. Ha hecho de su medio de vida una afición, pero sobre todo un servicio a los ciudadanos, con independencia del caso y de las personas implicadas.

José Castro, de 64 años, aspirante a continuar entre autos y sentencias por lo menos hasta los 70, se ha convertido en el azote, junto a la Fiscalía Anticorrupción de Baleares, del ex presidente de Baleares y ex ministro de Medio Ambiente Jaume Matas, a quien le ha impuesto una fianza millonaria de tres millones de euros para eludir la cárcel por el "caso Palma Arena".

El pasado miércoles, Castro, se despachóa su gusto y llegó  a calificar de "kafkianas"  algunas de las explicaciones ofrecidas por Jaume Matas.

Carrera judicial

El magistrado cordobés del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ingresó en la carrera judicial en 1976 y desde entonces ha pasado por destinos como Dos Hermanas (Sevilla), Arrecife (Lanzarote) o Sabadell.

Fue en 1985 cuando recaló en Palma, la capital de Baleares, una comunidad turística tranquila y ajena al grave virus de la corrupción política que padece, por los numerosos casos y por la larga y "honorable" lista de políticos imputados. Una situación que causa sorpresa en el resto de España y que se vive con suma indignación en las islas.

Según fuentes de la Judicatura, el juez Castro tomó posesión del Juzgado de lo Social número 2 de la capital balear en 1985 y en 1990 fue trasladado al de Instrucción número 3 de Palma, aunque durante un tiempo tuvo que compaginar ambas obligaciones.

Aficionado sin pasión al fútbol, es del Madrid pero no le importa que gane el Barça, si juega bien, podría haber sido portero, no por su estatura, sino por la capacidad para decir "no" a los periodistas.

En sus 34 años como juez no ha concedido ni una entrevista y no realiza declaraciones; y piensa seguir así, aseguran los que conocen a este juez que ha tenido que cambiar la moto por la bici y los paseos por prescripción facultativa. Para él, su único medio de comunicación posible son sus autos y sentencias.

Lenguaje

Ante las críticas, calla y defiende la libertad de expresión como derecho. Tampoco dirá nada este jueves tras la dura declaración del ex secretario general del PP Francisco Álvarez Cascos, que ha dudado de su imparcialidad y ha criticado el lenguaje "tabernario" que a su entender ha usado el juez en su auto.

Para el magistrado, los escritos judiciales deben ser respetuosos en los términos jurídicos y no farragosos y, en la medida de lo posible, entendibles para la ciudadanía porque en ocasiones, como en el "caso Matas",  el asunto tiene una gran trascendencia social.

Las mismas fuentes señalan que Castro sí se arrepiente de cuando el 18 de agosto del año pasado respondió en "diez segundos" a los perseverantes periodistas acerca de si llamaría a declarar a Matas, residente por aquel entonces en Estados Unidos: "Puede que esté en la agenda", respondió escuetamente.

Aunque miembros de la carrera judicial y jurídica sostienen que no es en absoluto "serio", su semblante sí lo es cuando pasa ante periodistas, cámaras o fotógrafos. Si tiene afición a caminar corriendo cuando hay periodistas es para evitar cualquier oportunidad de preguntas.

Sin ninguna duda, en la mesa de Castro ha caído el asunto judicial más importante de su vida y de la historia política de Baleares. Aunque estaba previsto que su auto -que podría ser un libro por sus 157 folios- se diera a conocer este lunes, se hizo público un día después. Tal vez, porque a Castro ya no le gusta correr

El polémico auto

El Consejo General del Poder Judicial no valorará las expresiones vertidas por el juez de Palma José Castro en el auto en el que el pasado martes impuso una fianza de 3 millones de euros al ex presidente balear Jaume Matas salvo que el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad acuerde remitirle la resolución.

Así lo ha dicho la portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, que ha asegurado que para el Consejo "se trata de una cuestión jurisdiccional" que esta institución "no debe entrar a valorar" si no se dan los requisitos establecidos en la ley.

El artículo 418.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) considera falta grave, y sancionable con una multa de entre 300 y 3.000 euros,  "la utilización en las resoluciones judiciales de expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas o irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico".

El precepto añade, sin embargo, que, "en este caso, el Consejo General del Poder Judicial solo procederá previo testimonio deducido o comunicación remitida por el tribunal superior respecto de quien dictó la resolución, y que conozca de la misma en vía de recurso".

Por tanto, para que se den lo que Bravo ha llamado los "requisitos de procebilidad", la defensa de Matas debe recurrir primero el auto del juez Castro ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que al examinar el asunto deberá decidir si pone la resolución en conocimiento del Consejo.

Bravo ha recordado que "el CGPJ no actúa de oficio" en esta cuestión.