Un millón de ciudadanos podrá proponer normas en la UE pero Bruselas tendrá la última palabra
- La medida estaba incluida en el Tratado de Lisboa
- Las firmas deberán proceder de al menos nueve países de la UE
- La CE rechazará las "abusivas"
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A partir de este miércoles si un ciudadano europeo quiere proponer una norma para la UE tendrá la oportunidad de hacerlo. Pero deberá superar varias limitaciones.
Primero deberá conseguir un millón de firmas procedentes de nueve países distintos de la Unión Europea que serán evaluadas por la Comisión.
Una vez hayan sido verificadas, la CE tendrá cuatro meses para analizar la propuesta y, en el caso de que la considere adecuada, iniciará el proceso legislativo.
Eso sí, el Ejecutivo ha anunciado que será muy "severo" con las iniciativas. Rechazará aquellas que sean "abusivas" o las que no vayan en la línea de su competencia principal: "la protección de los derechos fundamentales".
Estas son las reglas del juego que ha hecho públicas este miércoles la Comisión Europea para una medida que ya estaba incluida en el Tratado de Lisboa aunque no se conocían cuáles eran las limitaciones. Ahora deberán aprobarla el Parlamento y el Consejo de la UE.
"Un gran paso en la vía democrática de la UE"
Como un "verdadero acercamiento de Bruselas a los europeos", ha definido el comisario de Relaciones Institucionales, Maros Sefcovic, este anuncio.
La iniciativa se registrará por internet por parte de los organizadores, que deberán escribir de forma clara y concisa, y en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión, su propuesta, cuyo planteamiento no deberá superar los cien caracteres.
No habrá que esperar a lograr el millón de firmas ya que Bruselas hará una primera valoración de la iniciativa cuando se hayan reunido 300.000 y a partir de ahí se dará un plazo a los organizadores de un año para recabar el resto.
En cada país el mínimo de firmas requerido se calcularía multiplicando el número de miembros del Parlamento Europeo de ese estado por un factor de 750.
Los riesgos de la nueva medida
Sefcovic ha indicado que es "consciente" de que pueden promoverse iniciativas como la de la prohibición de minaretes en Suiza o contra la adhesión de nuevos países como Turquía, pero ha recordado que, en cualquier caso, es Bruselas quien "evalúa las propuestas y tiene la última palabra".
Por otro lado, no se prevén fondos europeos concretos para impulsar estas iniciativas pero en las solicitudes se pedirá conocer el apoyo económico con el que cuentan los organizadores, ya que Bruselas quiere apoyar propuestas "reales, serias y factibles", ha afirmado el comisario.
El comisario europeo ha explicado que la iniciativa "tendrá las menores restricciones posibles" y que por ello asumen que los partidos políticos y los grupos de presión querrán impulsar sus iniciativas, ya que "cualquier ciudadano de la UE o persona jurídica tiene derecho".
Entre las primeras reacciones se encuentra la de Greenpeace que ha afirmado que se trata de "un importante paso para incrementar la participación pública en el proceso de decisión europeo".
Por otro lado, el grupo liberal en el Parlamento Europeo ha señalado que la iniciativa ciudadana europea es "un instrumento importante para la democracia participativa europea".
El eurodiputado liberal británico Andrew Duff ha pedido que "exista un equilibrio que permita que esta nueva realidad no sea neutralizada por la burocracia", ya que de lo contrario se "alimentará el escepticismo" hacia Bruselas.