El Gobierno publica la última versión de la ley antidescargas sin apenas cambios

• No se incluyen las garantías que los expertos y blogueros habían solicitado
• La Ley de Economía Sostenible inicia ahora su tramitación parlamentaria

El Ministerio de Economía y Hacienda ha publicado este miércoles la última versión de la Ley de Economía Sostenible, que incluye la polémica regulación sobre el cierre de páginas web que vulneren la propiedad intelectual, sin incluir las modificaciones que habían solicitado los impulsores del conocido como "Manifiesto en Defensa de los Derechos Fundamentales de Internet".

Así, el Proyecto de Ley, aprobado el pasado 19 de marzo en Consejo de Ministros, apenas introduce cambios sustanciales respecto a la anterior versión, de forma que continúan algunos de los puntos más polémicos y habrá que esperar a la tramitación parlamentaria de la norma.

Por ejemplo, en el Proyecto de Ley se sigue equiparando la protección intelectual con un derecho fundamental, un aspecto que ha sido cuestionado por el Consejo Fiscal, órgano asesor del Fiscal General del Estado.

También continúa en el texto la ambigua referencia sobre "daño patrimonial", que permitiría el cierre de webs por parte de la Comisión de Propiedad Intelectual dependiente de Cultura, que se encargará de velar por el cumplimiento de los derechos de autor, de aquellas páginas que consideren que vulneren directa o indirectamente los derechos de autor.

Con todo, el texto matiza, en una de las pocas modificaciones, que el cierre de sitios se ejecutará en aquellos casos en los que "hayan causado o que sean susceptibles de causar un daño patrimonial", mientras que el anterior texto afirmaba que se podría cerrar o retirar contenidos "de quien pretenda causar un daño patrimonial".

En cuanto al proceso judicial, serán los jueces de la Audiencia Nacional los que decidan sobre si se autoriza o no el cierre de una web según ordene la comisión, valorando si en esta orden se vulneran algunos de los derechos fundamentales.

Peticiones "garantistas"

Los impulsores del "Manifiesto" habían solicitado, en primer lugar, que el juez de la Audiencia Nacional no deba decidir en un procedimiento exprés de cuatro días si se vulnera algún derecho fundamental en la orden del cierre de una web, un plazo que consideran "claramente insuficiente", que se aclare qué webs se podrán cerrar y porqué.

También reclaman que la comisión que decidirá qué webs infringen la propiedad intelectual "sea neutral" y que sea regulada por ley y no mediante un reglamento, ya que en el texto aprobado por el consejo de ministros no se desgrana quiénes serán sus componentes.

También exigen que si tras el proceso judicial la web demandada resulta absuelta exista "alguna penalización para el demandante" como el pago de las costas del proceso y los daños derivados de haber tenido que cerrar la página cautelarmente.

El Proyecto de Ley de Economía Sostenible será enviado ahora al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria, que se espera finalice en el actual período de sesiones, antes del verano.