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Desmantelada una trama de fraude fiscal que operaba en Murcia, Almería y Madrid

  • De momento hay 22 imputados
  • La trama se descubrió en 2007 por la compra fraudulenta de tres fincas

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La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han desmantelado una  red de blanqueo de capitales y fraude fiscal, con un total de 22  imputados, que operaba en Murcia, Almería y Madrid, según ha informado el  primero de estos organismos en un comunicado.

Las 22 personas implicadas actuaron como vendedores, intermediarios, compradores, empleados de   entidades financieras y notarías por su presunta participación o   colaboración en la comisión de delitos fiscales y de blanqueo de   capitales.

La trama se descubrió gracias a una operación inmobiliaria  fraudulenta de compra de tres fincas en la localidad murciana de  Molina de Segura que incluía la entrega de 17.320 billetes de 500  euros.

La operación, denominada 'Lila', se inicio en 2007 en virtud de  las investigaciones de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional  que permitieron descubrir una operación inmobiliaria concebida para  defraudar a la Hacienda Pública y blanquear ganancias ilícitas.

En esta operación, cuyo secreto de sumario se ha levantado,  empresarios murcianos acordaron la venta de tres fincas situadas en  Molina de Segura a otros de Almería y Madrid.

Sociedad instrumental

De este modo, y para evitar que la Agencia Tributaria descubriera  el fraude fiscal, se simuló que una sociedad instrumental,   administrada por un testaferro carente de recursos económicos,  compraba las fincas por 15 millones de euros y las vendía a los  compradores finales por 24 millones en la misma notaría y el mismo  día.

Mediante esta compraventa ficticia la plusvalía se generaba en la  sociedad instrumental, eludiendo los verdaderos compradores y  vendedores el ingreso en la Hacienda Pública de los correspondientes  impuestos.

Así, el día de la formalización de las escrituras empleados de  entidades financieras abonaron en efectivo 8,6 millones de euros en  la propia notaría, mediante la entrega de 17.320 billetes de 500  euros que habían sido transportados en sacas hasta la notaría esa  misma mañana por trabajadores de una empresa de seguridad a petición  de los compradores. Este importe se repartió en la notaría entre vendedores y mediadores.

Por su parte, los vendedores utilizaron 3,3 millones de euros esa  misma tarde como parte del precio no declarado en la compra de una  finca en el municipio murciano de Aguilas, escriturada a un precio  muy inferior al real.

Finalmente, las investigaciones realizadas a partir de esta  operación pusieron al descubierto una trama de sociedades dedicadas  al fraude fiscal mediante la emisión de facturas falsas en diversos  sectores, particularmente en la construcción.