Desmantelada una trama de fraude fiscal que operaba en Murcia, Almería y Madrid
- De momento hay 22 imputados
- La trama se descubrió en 2007 por la compra fraudulenta de tres fincas
La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han desmantelado una red de blanqueo de capitales y fraude fiscal, con un total de 22 imputados, que operaba en Murcia, Almería y Madrid, según ha informado el primero de estos organismos en un comunicado.
Las 22 personas implicadas actuaron como vendedores, intermediarios, compradores, empleados de entidades financieras y notarías por su presunta participación o colaboración en la comisión de delitos fiscales y de blanqueo de capitales.
La trama se descubrió gracias a una operación inmobiliaria fraudulenta de compra de tres fincas en la localidad murciana de Molina de Segura que incluía la entrega de 17.320 billetes de 500 euros.
La operación, denominada 'Lila', se inicio en 2007 en virtud de las investigaciones de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional que permitieron descubrir una operación inmobiliaria concebida para defraudar a la Hacienda Pública y blanquear ganancias ilícitas.
En esta operación, cuyo secreto de sumario se ha levantado, empresarios murcianos acordaron la venta de tres fincas situadas en Molina de Segura a otros de Almería y Madrid.
Sociedad instrumental
De este modo, y para evitar que la Agencia Tributaria descubriera el fraude fiscal, se simuló que una sociedad instrumental, administrada por un testaferro carente de recursos económicos, compraba las fincas por 15 millones de euros y las vendía a los compradores finales por 24 millones en la misma notaría y el mismo día.
Mediante esta compraventa ficticia la plusvalía se generaba en la sociedad instrumental, eludiendo los verdaderos compradores y vendedores el ingreso en la Hacienda Pública de los correspondientes impuestos.
Así, el día de la formalización de las escrituras empleados de entidades financieras abonaron en efectivo 8,6 millones de euros en la propia notaría, mediante la entrega de 17.320 billetes de 500 euros que habían sido transportados en sacas hasta la notaría esa misma mañana por trabajadores de una empresa de seguridad a petición de los compradores. Este importe se repartió en la notaría entre vendedores y mediadores.
Por su parte, los vendedores utilizaron 3,3 millones de euros esa misma tarde como parte del precio no declarado en la compra de una finca en el municipio murciano de Aguilas, escriturada a un precio muy inferior al real.
Finalmente, las investigaciones realizadas a partir de esta operación pusieron al descubierto una trama de sociedades dedicadas al fraude fiscal mediante la emisión de facturas falsas en diversos sectores, particularmente en la construcción.