El TSJM requiere a Correa y sus colaboradores 201 millones de fianza por responsabilidades

• Correa y Crespo deberán abonar 85 millones cada uno
• Los autos del juez Pedreira se han notificado en los últimos días
• Consulte el auto de la fianza impuesta a Francisco Correa (pdf)

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado un auto por el que impone al principal cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, una fianza de 85 millones de euros por sus posibles responsabilidades pecuniarias por los delitos fiscales y blanqueo de capitales de los que está acusado en este caso, según el auto al que ha tenido acceso RTVE.es y que tiene fecha de 30 de marzo. Esa misma cantidad se ha fijado para otro de los presuntos cabecillas y ex secretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo Sabaris.

En total, a Correa y sus presuntos colaboradores se han impuesto fianzas por importe de más de 200 millones de euros, en concreto 201.450.000 euros.

Según el auto del juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, Correa, que se encuentra en prisión preventiva desde hace más de un año, deberá prestar esta fianza en el plazo de un día para "asegurar las responsabilidades pecunarias" que pudieran imponérsele y, en caso de que no la abone, se decretará el embargo de sus bienes en la cantidad suficiente para asegurar esa suma, al igual que al resto de imputados.

El TSJM, en otros autos, también requiere fianzas por responsabilidades pecuniarias a otros imputados, que también deberán responder con sus bienes. Así a la esposa de Correa, María del Carmen Rodríguez Quijano, le impone una fianza de 800.000 euros por responsabilidades pecuniarias; a José Ramón Blanco Balín, abogadoy ex vicepresidente de Repsol YPF, le requiere fianza de 30 millones; y a Álvaro Pérez Alonso, 'El Bigotes', 650.000 euros.

Los autos han sido notificados a las partes entre el pasado martes 30 de marzo y este lunes, según han informado a RTVE.es fuentes del TSJM, y contra ellos autos cabe la interposición de recurso de reforma en el plazo de tres días y de apelación en el plazo de cinco.

Según las citadas fuentes, el hecho de que estos autos se hayan hechos públicos este lunes es circunstancial y no tiene nada que ver con el hecho de que el secreto de sumario de Gürtel se vaya a levantar este martes.

Deudas tributarias

El juez Pedreira fija estas fianzas en base a un informe del Ministerio Fiscal, sustentado a su vez en otro de la Agencia Tributaria, en el que se hace una estimación de las deudas tributarias de Correa y sus colaboradores correspondientes a los años 2002 a 2007.

Según  los citados informes, Correa y sus sociedades adeudarían 18,7 millones de euros por concepto de IRPF, a los que habría que sumar los intereses de demora. Para alcanzar la cifra de los 85 millones de euros, también se tiene en cuenta la multa correspondiente a los delitos fiscales contra la Haciendad Pública y que Correa respondería como "cooperador necesario" en el delito fiscal cometido por su presunto número dos en la trama societaria, Pablo Crespo.

En el caso de Pablo Crespo- al que también se le requieren 85 millones de fianza-, según el informe del fiscal, respondería por su delito fiscal y por el de Correa como cooperador necesario. El juez señala además que en 2006 Crespo dejó de declarar a Hacienda 539.120,13 euros, aunque el auto sostiene que todavía no se ha podido cuantificar la cuota que "podría haber dejado de ingresar la sociedad patrimonial Sabaris, Cresva, S.L.".

Además, considera que "hace ejecutar las directrices" de Correa, como la realización de transferencias internacionales y da instrucciones al resto de los integrantes de la organización. Entre los hechos que se le imputan figura el haber cargado la factura de una bicicleta que compró su hija a la sociedad Orange Market.

Mientras, 'El Bigotes' tendría una responsabilidad pecuniaria de 650.000 euros por la deuda de las retenciones de trabajo de Orange Market, una de las sociedades de la trama en Valencia.

La Fiscalía también se refiere en su informe a la participación indiciaria de Correa, Crespo y Rodríguez Quijano en la comisión de delitos contra la Administración Pública y blanqueo de capitales y señala que se imputa como percibidas por cargos públicos cantidades que ascienden a más de 2,8 millones de euros.

Este informe fiscal también señala que Luis de Miguel y Ramón Blanco Balín habrían sido los encargados de proporcionar y gestionar las estructuras fiduciarias en el extranjero de las que se habría servido Correa para "ocultar sus ganacias lícitas e ilícitas y reintegrarlas en España, el primero hasta 2005 y el segundo hasta 2008. También dice que Blanco colaboró en la gestión del patrimonio personal de Correa y participó en la estrategia de desvincularle de la investigación judicial poniendo como testaferro de sus sociedades a su primo Antoine Sánchez.

En el caso de la esposa de Correa, María del Carmen Rodríguez Quijano, se le requiere una fianza de 800.000 euros "por su participación en la actividad de Francisco Correa en relación con el municipio de Majadahonda, incluidos los pagos investigados a cargos públicos". Es considerada "copartícipe en la estrategia de ocultación de su patrimonio" y se la acusa de haber favorecido a las empresas de su marido cuando era directora de Gabinete en el Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid).

Según el auto, Rodríguez usaba la estructura empresarial creada por su marido "para su propio beneficio" y como ejemplo menciona los viajes que ésta realizaba y que eran preparados por una de las empresas de la trama, Pasadena Viajes SL. La sitúa el juez también como beneficiaria del patrimonio adquirido por la organización y asegura que conocía las actividades de ésta.

El conglomerado de Correa

Un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía fechado el pasado 30 de enero, al que hacen alusión los autos, dice que el conglomerado de empresas constituido por Correa conseguía contratos publicitarios, de organización de eventos o de diseño de campañas a cambio de "contraprestaciones" económicas o de otro tipo a los políticos que se los concedían.

Correa también negociaba previamente la concesión de adjudicaciones de suelo, obra pública o construcción de viviendas igualmente a cambio de compensaciones económicas.

Las sociedades que controlaba emitían facturas falsas para justificar los ingresos, que luego eran blanqueados en paraísos fiscales, lo que ha permitido a Correa "disponer de una capacidad inversora en cualquier parte del mundo".