El patrimonio de las "herriko tabernas" superaba los 12 millones de euros

• Tenían unos movimientos anuales estimados en 15 millones de euros
• Otegi  y otros dos dirigentes de Batasuna están imputados

El patrimonio de las "herriko tabernas", a través de las cuales, presuntamente, se financiaba la banda terrorista ETA mediante la subordinación de Batasuna, superaba los 12 millones de euros y tenía unos movimientos anuales estimados en unos 15 millones.

Así consta en el escrito de acusación que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha remitido a la sección segunda de la sala de lo penal de este tribunal encargada de juzgar a los ex dirigentes de Batasuna Arnaldo Otegi, Joseba Permach, Rufino Etxeberria y a otros 37 procesados en el sumario 35/02, que ha investigado la financiación de ETA a través de las "herriko tabernas".

Penas de entre ocho y 12 años

El fiscal, que pedirá penas de entre ocho y doce años de cárcel para los acusados, sostiene que estos establecimientos se constituyeron entre 1976 y 1977 como infraestructura de Herri Batasuna (HB) y como "base financiera" del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) y sus diversas estructuras, con una apariencia disociada que obedece a una estrategia de ocultación del sistema de financiación de ETA.

En este sentido, el ministerio Público ha hecho referencia a un documento intervenido en uno de los discos duros de la gestoría Banaka S.A.  -que encabeza el entramado de empresas creado por ETA y que depende de Batasuna-, en el que se señalaba que el patrimonio de las "herriko tabernas" era superior a los 12 millones de euros y que al año tenían unos movimientos económicos estimados en 15 millones.

El proyecto Udaletxe

Dentro del Proyecto Udaletxe, ideado por ETA en 1992 para que las organizaciones de su entorno alcanzaran la autonomía financiera, se sitúa Banaka S.A., encargada de dirigir "la puesta en marcha y legalización" de estos locales y en cuyo frente se colocó a los acusados José Luis Franco (Presidente), Maite Amezaga (apoderada) y Joseba Mikel Garmendia (empleado).

Según el fiscal, en 1993 existían 114 "herriko tabernas" para ser "legalizadas" en tres o cuatro años aproximadamente y añade que a partir de 1998 se utilizó la fórmula jurídica de "asociación cultural" (kultur elkartea).

"Para evitar riesgos patrimoniales la propiedad de los inmuebles y las cuentas corrientes de las 'herriko tabernas' eran titularizadas por las respectivas asociaciones culturales, aparentando que la actividad económica estaba desvinculada de la actividad política y logística a favor de ETA", indica.

Con ello, recalca el fiscal, se conseguía separar totalmente las actividades de los locales para evitar problemas de ilegalización política y posibles embargos judiciales.

"Reclutamiento de nuevos terroristas"

Asimismo, se ha constatado que estos establecimientos eran utilizados como fuente de financiación al servicio de ETA,  que los consideraba como un "lugar idóneo" para la actividad orgánica de las organizaciones de su entorno "para el reclutamiento de nuevos terroristas", el depósito temporal de armas y explosivos y la captación de información sobre posibles objetivos.

Destaca también el escrito la capacidad que tiene cada local para proporcionar el "mayor grado de confidencialidad y opacidad" de las actividades de gestión, planificación y coordinación que desarrollan en su interior las "estructuras ilegales" como KAS-EKIN, Jarrai-Haika-Segi o Gestoras Pro Amnistía.

El núcleo director de las "herriko tabernas" está compuesto por los acusados Juan Ignacio Lizaso (coordinador en Guipúzcoa), Juan Francisco Martínez Betanzos (en Vizcaya), Jaione Intxaurraga (en Álvava), Joseba Imanol Cortazar (en Navarra), Jon Gorrotxategi, Patxi Jagoba Bengoa e Idoia Arbelaiz.