La Policía sostiene que el diputado Martín Vasco cobró 345.000 euros de las empresas de Correa

• Correa, en una de las conversaciones: "López Viejo se lleva una pasta"
• La Comunidad realizó 367 operaciones con empresas de la trama
• Varios ayuntamientos del PP cometieron irregularidades en los contratos
• Concedieron un trato de favor a las empresas vinculadas con el 'Gürtel' 

El sumario de Gürtel desvela datos de la trama madrileña

El diputado de la Asamblea de Madrid y ex concejal y consejero delegado de la Empresa de Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda del Rey, Benjamín Martín Vasco, imputado en el  'caso Gürtel', recibió de las empresas de Francisco Correa 345.166,63 euros en dinero negro, según desvela el sumario del caso.

Según un informe policial de la Brigada de Blanqueo de Capitales, remitido al TSJ de Madrid en septiembre de 2009, una de las empresas de Correa, Special Events, corrió con parte de los gastos de la boda de Martín Vasco con María Esther Arévalo, unos 35.000 euros, incluido el viaje de novios a Estados Unidos y la Polinesia, por importe de 28.888,57 euros.

Los apuntes de la Caja B del conglomerado empresarial de Correa también contienen pagos de viajes y hoteles del diputado madrileño -en la actualidad no adscrito a ningún grupo tras ser expulsado del Popular- y su mujer y su hermano y que recibió un reloj Cartier valorado en 3.975 euros, según el informe policial contenido en el sumario.

La Policía también dice que Martín Vasco recibió 150.000 euros de una cuenta de Suiza y que pudo haberse traspasado a una cuenta ubicada en el exterior, "facilitando con ello el proceso de blanqueo". En este punto, en el informe se señala que Correa "se jactaba" de ofrecerles a los cargos públicos las comisiones por su intermediación en la concesión de adjudicaciones "en el lugar que deseasen y en la forma que quisieran", para ocultarlo. 

López Viejo, vinculado a la trama desde el Ayuntamiento hasta la Comunidad de Madrid

Por otra parte, Correa asegura que el ex consejero de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, se llevaba "una pasta" de cada acto que organizaba en Madrid.

Así se desprende de una de las conversaciones grabadas por la Policía Judicial entre Correa, Pablo Crespo y José Luis Peñas, conocida este martes tras el levantamiento del sumario del caso.

Según la transcripción de la policía, Peñas, el ex concejal de Majadahonda que destapó este caso de corrupción y que también está imputado, le dice a Correa: "Albertito está en la cuerda" y éste le contesta: "Se está llevando una pasta".

López Viejo era consejero de Deportes del Gobierno de Esperanza Aguirre hasta que dimitió del cargo en febrero de 2009 cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madridle imputó en mayo los delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal, entre otros, en relación al 'caso Gürtel'. 

Del sumario se desprende también que el ex consejero disponía de un archivo personal con apuntes contables (ver pdf.) dentro del sistema de contabilización de las operaciones realizadas con la caja B de la trama. Además, las entregas de dinero eran directamente por parte de Pablo Crespo y Francisco Correa.

Pedreira ya investigó al Ayuntamiento de Madrid por contratos con la red

Un informe policial, incluido también en el sumario, apunta que López recibió más de 382.000 euros de la trama cuando era concejal de Limpieza Urbana en el Ayuntamiento de Madrid.

El instructor del ¿caso Gürtel¿ en Madrid, el magistrado Antonio Pedreira, investigó al Ayuntamiento de Madrid por varios contratos adjudicados entre los años 2000 y 2004 a la empresa Sufi, una de las sociedades de la trama de corrupción creada por el empresario Francisco Correa.

Las pesquisas se centraron en torno a la adjudicación en diciembre de 2004 del contrato para la gestión del servicio público de limpieza en el Distrito de Moratalaz a la empresa Sufi.

En el marco de estas investigaciones, Pedreira requirió en al menos tres ocasiones al Consistorio de la capital los documentos que acreditasen que la adjudicación no se produjo de forma irregular.

El instructor llegó a autorizar a la Policía Nacional a registrar las dependencias municipales en caso de que no se atendiesen sus requerimientos, según consta en un auto dictado el pasado 5 de marzo y que ha sido revelado tras el levantamiento del secreto que pesaba sobre el sumario del 'caso Gürtel'.

La Comunidad realizó 367 operaciones con empresas de la trama por 3,1 millones

El Gobierno de la Comunidad de Madrid vulneró algunas normas de contratación en diferentes operaciones con empresas vinculadas a la trama del caso Gürtel (Diseño Asimétrico, Good Better, Easy Concept y Servimadrid).

Según un informe de la propia Comunidad citado en el sumario, en determinados contratos se incumplieron los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia.

La Comunidad de Madrid realizó entre 2005 y 2008 por valor de 3,1 millones de euros un total de 367 operaciones con algunas empresas de la trama, de las que 364 fueron contratos menores en los que se adjudicaba directamente el servicio a un compañía.

Tras conocer estos datos que ofrece el sumario, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dijo que"en España no gobierna la Policía, sino los jueces" y que, por ello, "habrá que esperar a ver lo que dice el juez". 

Además de López Viejo, entre los imputados están otros dos ex diputados autonómicos madrileños del Partido Popular: Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch.

El informe añade que no se justifica la adjudicación directa a estas empresas y en algunos casos se procedía a un fraccionamiento intencionado del objeto de contrato para convertirlos en contratos menores. Tampoco se justifica en otros casos la "imperiosa urgencia" que permitía seleccionar a un único proveedor.

Se indica que algunas contrataciones se desarrollaron por indicación directa de Alberto López Viejo. El informe dice que Correa reconoce que el ex consejero "obligaba" a facturar por debajo de los 12.000 euros para evitar sacar los eventos a concurso.

Uno de los contables de la red, José Luis Izquierdo, señala, según recoge el sumario, que llevaba un archivo personal a nombre de López Viejo donde anotaba los apuntes relacionados con él y enlazada con el archivo general de la caja B.

Ayuntamientos del PP también fraccionaron contratos

Varios ayuntamientos gobernados por el PP en la Comunidad de Madrid, como el de Majadahonda,  Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte han incumplido en varias ocasiones la ley de contratación ya que fraccionaron contratos o adjudicaron el mismo servicio a diferentes empresas para favorecer a corporaciones vinculadas con la trama Gürtel como Easy Concept o Down Town.

Así se desprende de uno de los informes incluido en el sumario revelado que también destaca que primaron los criterios subjetivos sobre los criterios objetivos en la adjudicación de los contratos.

La trama de Francisco Correa se llevaba entre el 21 y el 26% de los presupuestos de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) de Boadilla del Monte, según se desprende del sumario del caso.

También incluye que el entramado empresarial de la trama entregó al ex alcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda más de 420.000 euros de la trama entre 1998 y 2004 y además cubrió una deuda que el 'popular' mantenía con la empresa Pasadena Viajes.

Tanto Sepúlveda como el ex alcalde de Arganda del Rey Ginés López están vinculados con el cabecilla de Gürtel a través de diferentes operaciones de compra-venta de vehículos. Éste último, además, viajó a EE.UU, Cádiz y Palma de Mallorca con su familia utilizando dinero de la caja B de la trama corrupta. 

Dinero y viajes a cambio de adjucaciones en Majadahonda

En otro punto del sumario, un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional detalla "el pago real de una serie de servicios y objetos" entre 2001 y 1004 al entonces alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, así como a su mujer, Gema Matamoros, y concejales del municipio como José Luis Peñas y Juan José Moreno.

"Este conjunto de entregas y/o pagos en especie a un cargo público con capacidad para gestionar la concesión de contratos y obras públicas en una Administración Local responderían a contraprestaciones por el favorecimiento de este a las empresas promovidas por Francisco Correa Sánchez", afirma el informe.

Además de cantidades de dinero elevadas (hasta 135.137,47 euros, según la contabilidad B de la trama Gürtel analizada en el informe), Guillermo Ortega y su entorno habrían recibido relojes, viajes de lujo -incluyendo un crucero de casi 20.000 euros por la costa Atlántica- o abonos para asistir al fútbol "por lograr una adjudicación determinada", ya fueran obras, servicios o actos del Partido Popular.

En concreto, el informe señala que la Oficina de Atención al Ciudadano que funcionó en Majadahonda desde 2003 hasta 2005 "fue uno de los negocios más lucrativos para Francisco Correa", que le proporcionó hasta 1,5 millones de euros.

"Por tanto, Francisco Correa pone al servicio de Guillermo Ortega su estructura empresarial de tal forma que Correa cobra el dinero de las comisiones percibidas por Guillermo por adjudicaciones a terceros enmascarándolo como una prestación de servicios de las empresas de Correa y que posteriormente se destina a financiar los gastos generados por Guillermo que gestiona la propia organización", concluye le informe.

El Ayuntamiento de Boadilla obligó a las adjudicatarias de obras a dar un 2% a Special Events

El sumario también desvela que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte obligó a empresas a las que adjudicó contratos públicos a dedicar una parte de su importe, de al menos un 2%, a "campañas informativas" que se encargaban a Special Events, una de las empresas de la trama.

Así se desprende de un escrito enviado al juez el pasado 21 de diciembre por Gonzalo Naranjo Villalonga, que entre 2001 y 2005 fue jefe de contabilidad de la empresa SUFI. Entre 2003 y 2004, esta empresa abonó a Special Events cuatro facturas por un total de 49.194 euros.

Sin embargo, en SUFI, comprada por Sacyr Vallehermoso en 2005, no se han encontrado contratos o informes que justifiquen esas facturas y, según los investigadores, eso concuerda con lo que declaró Naranjo: "La contratación de esta sociedad era una imposición del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, esto es, venían obligadas contractualmente", dice su escrito.

De hecho, el informe relativo a SUFI incluido en el sumario confirma que en el pliego de condiciones del contrato adjudicado a esta empresa se deja claro que el licitador "definirá en la oferta un mínimo del 2% de la adjudicación" para hacer las campañas informativas sobre limpieza y recogida de residuos "que el Ayuntamiento estime oportuno".